Los geógrafos piden mantener los aranceles a los recursos del Amazonas
La Asociación Española de Geografía (AGE), que preside Jorge Olcina, ha instado a la UE a no aplicar esa parte del tratado con Mercosur. Exige una gestión de carácter internacional
Más de 76.620 fuegos han quemado la Amazonia en lo que va de año. / Cadena Ser
Alicante
La Asociación Española de Geografía (AGE) ha instado a la UE a no aplicar la parte del tratado con Mercosur referida a la reducción de aranceles aplicados a los recursos naturales provenientes de la selva amazónica. La propuesta se incluye en un manifiesto promovido por los grupos de trabajo de América Latina y Geografía Física de la asociación, titulado "No más agresiones ambientales en la Amazonia".
El presidente nacional de esta entidad, el catedrático de la Universidad de Alicante Jorge Olcina, explica que los geógrafos se sienten "consternados" por la acelerada deforestación de los alrededor de 7 millones de kilómetros cuadrados de bosque amazónico, con más de 70.000 fuegos en Brasil en los últimos tiempos. Piden una gestión de carácter internacional como se hizo con la protección de la Antártida.
Advierten de las consecuencias directas e indirectas sobre los ecosistemas, suelos, poblaciones asentadas e infraestructuras, especialmente "por las repercusiones globales a nivel ambiental".
Jorge Olcina: "Igual que hubo un tratado antártico, en el caso de la Amazonía tiene que haber un gran tratado internacional"
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Para revertir esta "dolorosa" situación que ven ya de "difícil retorno", la AGE propone, además de que la UE no cumpla ese punto del tratado con Mercosur, que se promueva una declaración de mega-reservas internacionales en la zona y que Naciones Unidas juegue un papel destacado en este proceso.
Han demandado incentivos financieros contemplados en el Convenio de Cambio Climático para promover la reducción de gases de efecto invernadero, incorporar a la gestión de la conservación de la Amazonia los principios de sostenibilidad y adaptación de los sistemas boscosos y de los recursos hídricos tradicionales, así como controlar, de modo exhaustivo, las demandas de tierras públicas no reclamadas para frenar "la agricultura de frontera".
Defienden también limitar las plantaciones monoespecíficas tras la deforestación de bosques primarios y evitar la transformación de parcelas de potreros sabanizados de menos de 5 años y la fragmentación selectiva de los bosques.
En el manifiesto, lamentan especialmente como paradigmático el caso de Brasil, con más del 63 por ciento de la Amazonia geográfica, donde, según la AGE, "hasta los años 60 y 70 del pasado siglo, cuando comienzan las denuncias internacionales, existía una deforestación producida por los sistemas agro-ganaderos permanentes. Sin embargo, el periodo de la década de 1970 y 1990 se extendió el extractivismo agrícola y minero, así como las grandes plantaciones de monocultivos, con fuerte impacto de los fuegos amazónicos en las zonas limítrofes.
A partir de este momento, la situación ha sido una "pesadilla" en un proceso acelerado desde 2013 y 2014 con la sustitución de bosques por pastos en Mato Grosso y por soja en Pará, donde se desforestó más de 1 millón de hectáreas.
