Sobre el nombramiento de Paco Moreno

Santa Cruz de Tenerife

Ángel Víctor Torres desatascó finalmente ayer la decisión de contratar a Francisco Moreno -ex director de la Televisión Canaria en la etapa en la que Román Rodríguez presidía el Gobierno regional por cuenta de Coalición Canaria- como nuevo administrador único del Ente. Pendiente solo de algún fleco, como la explicación pública del nuevo salario de Moreno, la decisión supone sustituir por decisión del Gobierno al actual administrador, José Carlos Naranjo, votado en junio de 2018 por consenso de las fuerzas políticas parlamentarias –un consenso muy celebrado entonces- y sustituirlo por otro administrador, sorteando así la ley aprobada en diciembre del año pasado por el Parlamento, que dotaría al nuevo director general de independencia funcional del Gobierno, y ampliaría su mandato de cuatro a seis años, siguiendo el modelo tradicional de las televisiones públicas independientes, en las que son las Cámaras legislativas quienes nombran al director general de la televisión, se blinda su mandato frente a vicisitudes políticas y se le desvincula del tiempo que permanece el Gobierno en el poder. Utilizar lo que en su momento fue definido como una ‘modificación express’ de una ley ya superada, en vez de acudir al formato que establece la nueva ley, no sólo podría suponer para el nuevo administrador alguna complicación de orden contencioso. Es también un contrasentido absoluto, que sólo se explica en la imposibilidad por parte del Gobierno de lograr los apoyos que la nueva ley aprobada a finales de la pasada legislatura establece para la elección de un director general.

Para Moreno, incorporarse de nuevo a la dirección de la televisión canaria, donde desarrolló hace quince años una competente labor, y hacerlo por la puerta falsa de un nombramiento cuestionable como administrador único, supone someterlo a un desgaste innecesario: tal y cómo anda el patio, asumir la responsabilidad de dirigir la tele canaria es algo bastante riesgoso, incluso diría que para un profesional de prestigio la decisión roza casi el suicidio asistido: los tres últimos directores generales de la tele acabaron en los juzgados. Moreno ha tenido una carrera profesional sin tacha, que le proyectaba más allá de la televisión regional. Convertirle en administrador, amparado por una ley de carácter extraordinario y probablemente vencida, es una pésima operación. Puede acabar siendo otro más de los muchos periodistas achicharrados en las banderías del poder. Sinceramente, no se lo deseo.