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Domingo, 17 de Noviembre de 2019

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Las Chumberas, una década de maraña administrativa y lucha vecinal

El Ministerio de Fomento y todos los niveles de las instituciones canarias han suscrito un nuevo convenio este martes

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El Ministerio de Fomento, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna han rubricado este martes una nueva prórroga del convenio de rehabilitación y reposición de las viviendas afectadas por aluminosis de Las Chumberas.

Más de una década después, y con otros tres convenios de por medio, más de medio millar de vecinos perjudicados comienzan a ver la luz al final del túnel: el acuerdo alcanzado solo podrá modificarse para ampliarse durante otros cuatro años. En este sentido, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha celebrado que "el Gobierno de España haya encontrado una fórmula para poder prorrogar estos fondos".

Las instituciones canarias estiman que las esperadas obras comiencen a principios de 2020 con todas las garantías jurídicas para la expropiación y reconstrucción de los bloques. En total, 25 millones de euros procedentes del Ministerio de Fomento serán puestos a disposición de las obras. Es un montante al que hay que sumar las aportaciones del Gobierno autonómico, del Cabildo de Tenerife y del Ayuntamiento de La Laguna.

El presidente de la institución insular, Pedro Martín, ha asegurado que "queremos hacerlo para marcar la diferencia, tenemos que marcar la diferencia entre unos partidos políticos y otros. Ahora la responsabilidad recae sobre nosotros, no sobre otros, no sobre Coalición Canaria".

Cronología de unas esperadas obras

Fue en 2009 cuando el consistorio detectó aluminosis en el 70 por ciento de los 42 bloques. Esta situación obligó al desalojo de los vecinos y al consistorio a plantear un plan de reposición de los inmuebles, sin embargo, las obras se retrasan tres años por falta de financiación.

En 2011 se suscribe el primer convenio dotado de 19 millones de euros y no se inician las obras. En marzo de 2012, otro revés declara nula la subvención de 19 millones al no haber partida presupuestaria y se paraliza el proyecto. Los vecinos siguen con sus protestas que llevan hasta Madrid: se producen realojos pero 30 familias siguen sin poder disfrutar de sus viviendas, exigen que se haga efectiva la promesa del Ejecutivo Central de hacerse cargo de la primera fase del proyecto de reposición cuyo coste supera los 80 millones de euros.

Cuatro años después se suscriben dos convenios y dos años más tarde se aprueban los expedientes de expropiación y de realojo. 2018 llega con una Comisión de Seguimiento formada por las tres administraciones públicas que no logran desbloquear la maraña administrativa y el principal convenio de reposición expira.

El 17 de octubre de 2019, tras más de una década de lucha y desesperación sin repuesta pública efectiva, el Consejo de Ministros aprueba un nuevo convenio.

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