El gobierno asturiano se opondrá a cualquier petición de indulto del ex consejero Riopedre

Oviedo

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha garantizado esta mañana la oposición frontal de su gobierno ante cualquier solicitud de indulto al ex consejero socialista de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, condenado por el caso Marea. Ha sido su respuesta a Ignacio Blanco, portavoz de Vox, quien le agradecía a Barbón su “pronunciamiento contundente” en este asunto, “por primera vez en este pleno”; eso sí, le recriminó el de Vox al presidente el esfuerzo que en su opinión ha hecho el PSOE para tapar este asunto y le pidió por tanto al Jefe del Ejecutivo asturiano y líder de la Federación socialista asturiana que rompa con esta dinámica.

Este asunto de la sentencia del Supremo sobre el caso Marea ha sido objeto de otra pregunta; la de la portavoz de Ciudadanos, Laura Pérez Macho quien exigió al presidente que se adopten desde el gobierno las medidas necesarias para evitar que se repitan este tipo de casos de corrupción. De paso, la portavoz de la formación le pidió a Adrián Barbón una cuantificación real de los quebrantos causados por este caso a las arcas públicas y que trabaje para recuperar lo sustraído.

Durante su intervención, Laura Pérez Macho deslizó que quizás la dimensión de este caso de corrupción fuera mayor dejando caer que quizás como a publicar se destruyeran pruebas en la consejería o que el anterior Ejecutivo llevara a cabo una “estrategia de control de daños”, aseguró, para que el único responsable señalado políticamente fuera Riopedre.

La respuesta del presidente Barbón no se hizo esperar. Aseguró que “en un Estado de Derecho no hay dimes y diretes, hay sentencias con hechos probados. Lo que le puedo garantizar es que la administración asturiana, cumpliendo fielmente este auto de la Audiencia Provincial va a solicitar las indemnizaciones pertinentes para defender los intereses públicos”.

En otro orden de cosas, el presidente también anunció en respuesta a IU que este jueves llegará al Consejo de Gobierno para su aprobación la esperada Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones vitales llamada a ordenar todas las ayudas para personas en situación de vulnerabilidad habilitadas desde la administración del Principado incluyendo el Salario Social.