Al menos dos meses más sin servicio de comedor escolar

Los casi 2000 menores de la provincia, en concreto 1930, que ahora mismo no disponen de servicio de comedor escolar en 37 colegios públicos de la provincia, podrían seguir sin este servicio al menos dos meses más mientras éste se licita de nuevo. Y es que, a pesar de que la Junta de Andalucía busca una situación provisional para el caso, ninguna firma del sector quiere quedarse con un servicio del que la anterior empresa todavía mantiene una deuda con sus trabajadores.

Por ello, la Junta ha iniciado el proceso de licitación del servicio de comedores para 40 centros de la provincia, estos 37 más 3 nuevos, algo que al menos tendrá a los menores 2 meses más sin comer en el colegio al mediodía. Lo contaba este miércoles el director general de la Agencia Pública Andaluza de Educación, Manuel Cortés, que argumentaba esta decisión de volver a licitar porque, aunque no lo descartan, ven difícil que una empresa se quede con el servicio de forma provisional.

Mientras, la Junta pretende paliar parte del problema ofreciendo a las familias la posibilidad de conciliar vida laboral y familiar de 2 a 4 de la tarde con un aula de mediodía, de similares servicios que el aula matinal, y que tendría que contratar cada colegio mediante una empresa con financiación del gobierno regional. Éste sería un servicio que podría entrar en funcionamiento "en días", según los responsables de la Junta. Con ella pretenden que el peso de esta situación no recaiga en los equipos directivos y que las familias estén más tranquilas. 

Sin comida al mediodía

A pesar de esto, habrá muchos menores que sigan sin la opción segura de comer al mediodía, un problema para el que está, según el director de la Agencia de Educación, Asuntos Sociales. "Entendemos que si algún alumno o algún menor tuviera algún problema alimenticio y no pudiera comer, para eso está Asuntos Sociales, que se encargaría", ha dicho Cortés.

En la comparecencia ante los medios celebrada ayer, la Junta también anunciaba acciones legales contra la empresa entre las que se encuentran la incautación de la garantía, una incoación de expediente de prohibición de contratación con el sector público y las reclamaciones pertinentes en cuanto a cuantías de daños y perjuicios.