El Ayuntamiento investiga un nuevo escándalo inmobiliario de Monasterio y Espinosa de los Monteros
Lo ha confirmado la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís que asegura "que lo están estudiando como un caso más"
Madrid
El Ayuntamiento de Madrid está investigando el último caso de irregularidades inmobiliarias que señala a Rocío Monasterio y a Iván Espinosa de los Monteros, ha afirmado la vicealcaldesa, Begoña Villacís. Desde el ejecutivo local aseguran que se está investigando el expediente y que de momento se estudia como un caso más. "Estamos investigando este caso como la totalidad de los casos, como es nuestro trabajo. Reunimos todos los expedientes, porque están muy dispersos para analizarlos como haríamos como con cualquier vecino. Una vez que tengamos toda la información se decide si se abre un procedimiento o no", ha explicado la vicealcaldesa madrileña.
La presidenta de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, y su marido Iván Espinosa de los Moneros, diputado por Vox en el Congreso, se enfrentan a un nuevo caso de irregularidades inmobiliarias. El diario EL PAÍS publica hoy que el matrimonio comercializó unos apartamentos de lujo en el centro de Madrid sin que tuviera licencia de habitabilidad en 2004. Entonces, prometieron a los nuevos propietarios -según aseguran ellos- que utilizarían sus contactos en el Ayuntamiento para conseguirla. Nunca llegó y ellos tuvieron que abandonar las viviendas porque oficialmente estaban sobre suelo industrial. El actual consistorio ya ha dicho que investiga el caso, el tercero que afecta a la pareja.
Los compradores gastaron más de medio millón de euros por las viviendas de las finalmente fueron desalojados. Las casas las diseñó el estudio de arquitectura de Rocío Monasterio que reacondicionó una antigua fábrica de pan en la calle Villafranca, junto a la plaza de toros de Las Ventas.
Según los perjudicados, Monasterio, presidenta de Vox en Madrid, y su marido, Iván Espinosa de los Monteros, diputado por Vox en el Congreso, les aseguraron que usarían sus contactos en el Ayuntamiento de Madrid para conseguir un permiso de habitabilidad para el edificio. Después de 10 años, los compradores fueron desalojados en 2014 por Urbanismo ya que estaban viviendo en suelo industrial. En la transacción, los afectados actuaron como promotores de la operación, algo que, según dicen, desconocían.
"Sabían lo que compraban"
Espinosa de los Monteros, que no quiso dar su versión a EL PAÍS, sí que ha dicho en Twitter que es todo mentira, aunque en realidad no niega la falta de licencias. Solo dice que los compradores sabían lo que compraban.