Plan para pagar los 30 millones en sentencias

Almería

El Ayuntamiento de Almería ya está preparando sus cuentas para hacer frente a los casi 30 millones de euros que tiene que pagar por las dos sentencias correspondientes a J. Guiard y Sabinal de los suelos que se les expropió para la prolongación del paseo marítimo.

Lo anunciaba el concejal de Economía y Función Pública, Juan José Alonso, en los micrófonos de la Cadena SER, y comienza con la aprobación en la próxima comisión informativa de Hacienda de una modificación presupuestaria de 5,3 millones de euros para que este año ya se pueda realizar un primer pago de ambas sentencias.

Cabe recordar que para la primera parcela la Comisión Provincial de Valoración fijó un justiprecio de 364.904 euros, mientras que la propiedad solicitaba 6,53 millones de euros, mientras que la sentencia fijaba un pago de 2,72 millones. Esta cuantía “ya es firme porque, aunque aún no ha llegado la comunicación oficial, sí que sabemos que el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación”. En el caso de la segunda parcela el justiprecio abonado asciende a 2,33 millones de euros frente a los 65 millones que reclamó la propiedad dejando la sentencia el coste en 17,016 millones. De esta aún no hay respuesta del Supremo pero se prevé que será negativa.

 Ante esta situación, el Ayuntamiento ha decidido iniciar el proceso para empezar a pagar esta deuda judicial y para ello “se aprobará una modificación presupuestaria de 5,3 millones con la que se puede cubrir una de las sentencias completa y parte de la otra” con el objetivo de “solicitarle al juez un plan de fraccionamiento de pagos”.

De los años en los que se permita fraccionar dependerá en gran medida la cuantía que se recogerá en cada presupuesto anual, aunque sí que explica Juan José Alonso que “además de este dinero se revisará cada mes de septiembre el estado de ejecución presupuestario para intentar ir pagando esta deuda lo más rápido posible”.

Hay que tener en cuenta que no está claro si este tipo de sentencia podría pagarse, una vez que se comunicado de forma oficial por el Supremo al Ayuntamiento, con fondos correspondientes al superávit y considerarse como una deuda.

Quiere dejar claro el concejal de Economía que a pesar de haber perdido el pleito “hay que alabar la labor de los técnicos porque de los 72 millones de euros que se requerían solamente se pagarán algo más de 21 a los que hay que sumar los intereses de demora”.

Además asegura que hay otros pleitos que sí que se ganan como uno mantenida con una consultora que demandaba 500.000 euros al Ayuntamiento y que finalmente no lo ha conseguido.