Almeida adjudica la asistencia jurídica gratuita a un abogado del sindicato ultraderechista 'Manos Limpias'
El Psoe cree que hay motivos ideológicos detrás de la adjudicación del Servicio de Orientación Jurídica del Ayuntamiento.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almedia, durante una sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Madrid ( / Eduardo Parra (EUROPA PRESS)
Madrid
El propietario del bufete ganador del concurso publico (Law and Business Enterprises Worldwide S.L) es el abogado Pedro Múñoz Lorite. Ha representado al sindicato ultraderechista 'Manos limpias' en varios procesos, por ejemplo en el del 9-N o el de los Ere de Andalucía, pero también en varias causas contra dirigentes de Podemos como Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero o Iñigo Errejón, ahora en Mas País. Además fué el abogado que presentó una querelló criminal contra la ex alcaldesa, Manuel Carmena y su marido por un supuesto delito de alzamientos de bienes, causas que fueron archivadas por la justicia.
El Servicio de Orientación Jurídica del ayuntamiento proporciona asesoramiento jurídico gratuito a los usuarios de los Centros municipales de Servicios Sociales y de Mayores. Es clave en los procesos de divorcio, desahucios y problemas laborales de las personas más desfavorecidas. Desde 1989 lo ofrece el Colegio de Abogados de Madrid. El gobierno de Carmena decidió sacarlo a concurso público dos días antes de las elecciones municipales de mayo, provocando el rechazo de los abogados del turno de oficio. Creen que esta decisión supone una privatización encubierta del servicio.
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El actual equipo de gobierno del PP y Ciudadanos ha aceptado seguir adelante con el concurso iniciado por el anterior ejecutivo, a pesar de estar recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia por la asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno.
El PSOE también rechaza este proceso. Consideran los socialistas que no tiene sentido cambiar un servicio que está bien hecho y que ha surtido efecto y defienden la continuidad del modelo de orientación jurídica ofrecido por el Colegio de Abogados.
Proceso de adjudicación dudoso
El Psoe también plantea dudas sobre el proceso del adjudicación del servicio. Solo dos empresas optaron al concurso: la firma de Pedro Múñoz Lorite y Accem, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la defensa de los derechos, la atención y el acompañamiento de persona en riesgo de exclusión social.
Accem sacó mayor puntuación en dos de los tres apartados que se valoraban, los relativos a la formación del personal, la metodología del trabajo y el conocimiento de los centros de Servicios Sociales. Law and Business Enterprises Worldwide obtuvo más puntos en el apartado económico, con una oferta casi un 20 por ciento más baja sobre el presupuesto de licitación. La oferta de Accem era de una rebaja del 4 por ciento.
Cuando hay solo dos licitadores y la diferencia entre sus ofertas supera el 20 por ciento, se considera “oferta anormal”. En este caso la diferencia es casi del 16 por ciento, rozando ese parámetro.
Además, esa rebaja abultada sobre el presupuesto de licitación implica una disminución del salario mensual de los trabajadores que vayan a prestar el servicio y que rondará los 1.200 euros al mes, frente a los más de 1.300 que establece la tabla salarial de Oficinas y Despachos de abogados de Madrid 2019-2021.
Un abogado "rico" para los pobres
Law and Business Enterprises Worldwide, S.L forma parte de un entramado de 18 sociedades en las que Pedro Francisco Muñoz Lorite figura indistintamente como socio único, administrador o representante. Una de estas empresas es LABE abogados. La firma compró en noviembre de 2018 un palacete en el Paseo de la Castellana por 80 millones de euros y gastó otros 10 millones en su remodelación. En esta dirección se encuentran domiciliadas la mayoría de las 18 sociedades.
"No fue un capricho" la salida a concurso público
Desde Mas Madrid aseguran que la salida a concurso del servicio “no fué un capricho” del anterior equipo de gobierno. Recuerdan que la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que entró en vigor en 2018, establece que este tipo de servicio no puede formalizarse vía convenio, hay que darle tratamiento de contrato y hay que sacarlo a licitación pública.
En cumplimiento de esa norma, la entonces delegada de Equidad y Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, inició el procedimiento para la licitación, aproximadamente, en febrero de 2019. Según Mas Madrid, los plazos y tiempos fueron avanzando en coincidencia con las elecciones municipales.
Comunicado de Labe Abogados
Labe Abogados, grupo del que forma parte Law and Business Enterprises Worldwide, S.L ha emitido un comunicado en el que asegura que el servicio seguirá siendo gratuito para los usuarios. Además, hace hincapié en que en contratos de esta envergadura, en aplicación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, no se pueden adjudicar sin realizar concurso público, como se venía haciendo hasta ahora con el Colegio de Abogados de Madrid.
Defiende que el proceso de licitación cuenta con todas las garantías legales y que en él, nada tuvo que ver ni el alcalde, ni el partido político al que pertenece. Considera, además, que los apartados en los que Accem obtuvo mayor calificación son aquellos que se valoran subjetivamente.
Labe Abogados también asegura que el servicio contaba con innumerables quejas por parte de los usuarios del mismo y que asume con iluisión y responsabilidad la labor de atender e informar sobre el ejercicio de sus derechos a los vecinos de Madrid en situación de desventaja social.
