La privatización del servicio municipal de orientación jurídica llega a los tribunales

Madrid

Las asociaciones de abogados madrileños se muestran profundamente indignadas y preocupadas por la privatización del servicio de orientación jurídica del Ayuntamiento de Madrid.

La organización de letrados "Altodo" fue la primera en dar el grito de alarma antes del pasado verano cuando la exalcaldesa Manuela Carmena inició los trámites correspondientes.

El Colegio de Abogados de Madrid que prestaba este servicio desde 1989 se veía forzado a dejar el asesoramiento porque el alcalde Martínez Almeida ha culminado el proceso.

Ha concedido esa labor a un despacho de abogados que dirige un letrado del seudo sindicato Manos Limpias, bajo investigación criminal hace ya mucho tiempo.

Por eso se presentaba demanda contencioso-administrativa contra esta decisión municipal que carece, según la asociación Altodo, de los correspondientes informes técnicos y jurídicos.

Mientras otras organizaciones sociales y políticas han preferido el recurso al pataleo, estos abogados han llevado al Palacio de Cibeles a los tribunales para que sea la Justicia la que reponga la situación.

Si se realiza un repaso mínimo a las decisiones que Martínez Almeida ha adoptado en los últimos meses como alcalde y que han sido recurridas, por ejemplo, la paralización de Madrid Central las pierde todas en la jurisdicción contencioso-administrativa.

Un dato que debe ser preocupante para un alcalde que es abogado del Estado ahora en excedencia.