Admitido a trámite el recurso de la Comunidad contra el Gobierno por no pagarle el IVA de diciembre de 2017

Madrid

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso contencioso administrativo de la Comunidad de Madrid contra el Ejecutivo central por los 377 millones que les debe del IVA correspondiente a diciembre de 2017.

Así lo establece la Sala de lo Contencioso Administrativo en una resolución del 5 de noviembre y solicita a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ejecutivo central los expedientes referido a la liquidación de la financiación autonómica de ese ejercicio, para lo que aporta un plazo de 20 días. Contra el auto cabe recurso de reposición.

Tras conocer la decisión, el consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty, ha celebrado la decisión de la Audiencia Nacional de admitir "inmediatamente" la reclamación del abono de 377 millones que el Gobierno central "se niega a dar a los madrileños".

Esa cantidad, según ha apuntado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, debe ser transferida a la Comunidad porque corresponde a los impuestos abonados por los madrileños y que sirve para financiar servicios básicos como los hospitales, centros de salud y colegios.

"Vamos a seguir diciendo basta a todos los abusos del Gobierno de Sánchez"

"Desde luego en la Comunidad de Madrid y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso vamos a seguir diciendo basta a todos los abusos del Gobierno de Sánchez. Vamos a decir basta cuando se quiere quedar con el dinero que no le pertenece, que es lo madrileños, y vamos a decir siguiendo basta cuando quiere obligarnos a subir los impuestos. Vamos a seguir bajando impuestos y a seguir con la política que genera oportunidades, que genera riqueza y bienestar para los madrileños", ha subrayado.

El recurso de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid se dirige contra el documento que contiene la 'Liquidez de los recursos del Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y ciudades con Estatuto de Autonomía y de las participaciones en Fondos de Convergencia autonómica, regulados en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, correspondientes al ejercicio 2017".

Además, impugna el artículo 71.4 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, redactado por Real Decreto en 2016, del que deriva la liquidación de ese impuesto correspondiente al año 2017.

Desde la Comunidad de Madrid recuerdaban que en 2017, el Gobierno implantó un nuevo sistema para modernizar y optimizar la gestión del IVA utilizando para ello medios electrónicos. Como consecuencia de la adaptación al nuevo sistema, los ingresos de las autoliquidaciones del mes de noviembre de ese año se pospusieron al 30 de diciembre, y se contabilizaron por parte del Estado ya en enero de 2018, por lo que 2017 se cerró con tan sólo once meses.

337 millones

Este nuevo sistema ha provocado "una merma" en los ingresos de las comunidades autónomas para 2019, que es cuando se recibe la liquidación del IVA de 2017, argumenta el recurso regional.

Concretamente, la Comunidad de Madrid estima en 377 millones de euros el impacto económico por haber perdido el mes de diciembre en la liquidación del IVA, lo que equivale al 0,15 por ciento del PIB.

El Ejecutivo madrileño apuntaba que el Gobierno central había reconocido la necesidad de introducir medidas correctoras y así lo reflejó en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019. El texto recogía que este año se ejecutarían un total de 13 autoliquidaciones para compensar lo ocurrido en 2017.

Sin embargo, en el Consejo de Ministros del pasado 11 de octubre, la ministra Jesús Montero declaró públicamente que no se podía llevar a cabo dicha compensación al no contar con Presupuestos Generales del Estado para 2019.

Para Montero el exministro Cristóbal Montoro "cambió el sistema con nocturnidad y alevosía en 2017". "El Gobierno planteó un modelo de 13 meses fiscales en 2019 y sufrí la burla del PP", recordó entonces.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, subrayó cuando avanzó el recurso ante la Audiencia Nacional que el Gobierno socialista "no puede seguir dando la espalda a los madrileños". Fuentes del Ejecutivo explicaron que recurrían a los tribunales después de que el Gobierno haya señalado que no se puede compensar el desajuste que se produjo ese año en la liquidación del impuesto, debido a la prórroga presupuestaria y a que están en funciones.

Desde la Comunidad de Madrid entienden que se ha vulnerado el principio de "lealtad institucional" recogido en la Ley 22/2009 que rige la financiación de las comunidades autónomas. Este recoge que "en el marco del principio de lealtad institucional, la Administración General establecerá todos los mecanismos que garanticen que las normas estatales que supongan incrementos de gasto o reducciones de los ingresos tributarios de las comunidades autónomas contengan la valoración correspondiente".