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Lunes, 09 de Diciembre de 2019

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Polémica en el pleno de Fuenlabrada por la Comisión para modificar el Reglamento Orgánico

Vox, PP y C`s la tachan de antidemocrática y el gobierno local defiende que es una apuesta para la participación de todos los grupos

El pleno ha aprobado una Comisión para modificar el Reglamento Orgánico Municipal. /

La Comisión del Pleno de Carácter Especial para modificar el Reglamento Orgánico Municipal, que regula cosas como los plenos o las comisiones, entre otras cosas, ha sido aprobada este jueves con los votos a favor de PSOE y Unidas Podemos y en contra de PP, Ciudadanos y Vox.

El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, recordaba que había que realizar esta modificación para adaptar ciertos aspectos del Reglamento a la legislación actual, como ya les informó Secretaría Municipal. El regidor cree que con la Comisión se dará más participación a la oposición y evitar acusaciones de “pasar el rodillo de la mayoría”, que tiene su partido.

PP, Ciudadanos y Vox se han opuesto a la Comisión, que tendrá la representación proporcional del pleno, porque su poder de decisión para cambiar el Reglamento, dicen, será menor que si se hubiera acordado el documento de modificación en Junta de Portavoces.

Además, aseguran que no todos los partidos tendrán presencia en los consejos de administración de las empresas públicas. Según la portavoz del PP, Noelia Nuñez, ahora todos los grupos municipales tenían representación, ahora se quiere suprimir en el texto el ‘todos’ y en lugar de ‘tendrán’ se dirá ‘podrán’. Desde el gobierno local aseguran que esto es mentira, ya que ahora no todos los partidos tienen representación en los Consejos de Administración.  Además, afirman que es Vox quien ha pedido presencia en todos los consejos y PP y Ciudadanos le han seguido en la protesta.

También se establecerá que cada partido pueda presentar una moción y solo una segunda si es conjunta con otra de las formaciones del pleno. En la sesión de este jueves se ha aprobado, de manera inicial, el artículo que permite que agentes sociales y sindicales tengan representación en los consejos de administración de las empresas públicas.

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