El presidente del TSJ dice que la vía penal no devolverá el Mar Menor a su estado original

Murcia

El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, ha dejado claro que los jueces "no van a reponer a su estado original el Mar Menor" y que "nos enfrentamos a un fracaso colectivo". "Constatar tal fracaso colectivo no puede amparar ni exonerar de culpa a quienes hayan cometido acciones u omisiones individualizables constitutivas de delito", señala.

Se trata de la primera valoración que realiza el presidente de dicho organismo judicial tras ocurrir el episodio de anoxia que llevó a la muerte de centenares de peces en la laguna el pasado mes de octubre y que hizo reaccionar a partidos, organizaciones y a la sociedad en general, que salió en manifestación tanto por Murcia como por Cartagena, reclamando soluciones.

Entiende que esa debe ser la tarea de los juzgados y tribunales. "La persecución penal de estas conductas individualizadas probablemente contribuya a que no vuelvan a repetirse por los mismos que las han cometido (es lo que llamamos prevención especial del Derecho Penal), o por otras personas en el futuro (lo que conocemos como prevención general)", dice.

Pasqual del Riquelme, en una entrevista concedida a Europa Press, ha reconocido la condición de "macrocausa" que, por su volumen y complejidad, supone el asunto del Mar Menor y ha apuntado que "endosar a la vía penal la solución de todos los problemas, o la gestión de los fracasos no resueltos en otros ámbitos a los que correspondía hacerlo es una forma torpe de ocultar, al final, la incapacidad propia o la incapacidad colectiva". Refiriéndose, en concreto, a la laguna subraya que la vía penal "no solucionará el problema en su raíz, no dará las soluciones medioambientales, técnicas y urbanísticas que necesita".

Considera pues un "error" el hecho de que la sociedad "ponga todas sus esperanzas en la vía penal, que no puede ser ni la única y, además, no es la mejor para solucionar un problema de esa naturaleza y envergadura".

Aunque, ha matizado que "el Derecho Penal sí que es la vía adecuada para identificar responsabilidades penales individualizadas, si las hay, pero los jueces no van a poder por sí solos reponer el Mar Menor a su estado original, aquel con el que todos estamos emocionalmente vinculados".

Y es que, ha señalado irónicamente, se trata de un problema muy complejo y "como todo problema complejo tiene una solución sencilla y equivocada". "En el proceso de degradación del Mar Menor han podido incidir muchos factores y tengo la impresión de que nos enfrentamos a un fracaso colectivo", ha argumentado.

"Pero esa constatación no puede, sin embargo, amparar o exonerar la eventual responsabilidad de quienes hayan cometido acciones u omisiones individualizables que hayan concurrido en ese proceso de degradación ambiental", ha manifestado el presidente del TSJ de Murcia, que puntualiza que "el derecho penal no debería ser la única respuesta a un problema tan complejo, ya que tenemos la vía administrativa, la legislación civil, toda la regulación urbanística, medioambiental, agrícola".

Ha insistido en que el derecho penal es "también uno de esos instrumentos de los que disponemos, pero no es el único, ni debe ser el primero". El derecho penal ha de ser la última ratio, la última trinchera.

De otra forma, reconoce temer que la solución que se pueda dar "genere frustración, cuando no incluso indignación", el día en el que los jueces penales "den la respuesta jurídico penal que están obligados a dar y no la solución integral que todos ansían".

Para poder gestionar judicialmente esta macrocausa, Pasqual del Riquelme ha adelantado que se ha reforzado el Juzgado de Instrucción 2 de Murcia con un segundo juez, de forma que el titular de dicho órgano "pueda gestionar, de manera exclusiva, este asunto y ello permita agilizar lo máximo posible la respuesta penal que haya que dar, tratando de que esto no afecte al resto de actividad del juzgado".

La Sala de Gobierno del TSJ entendió, según ha revelado, que el asunto tiene "entidad compleja" por su volumen, de manera que, durante un primer periodo de seis meses, prorrogable según evolucione el trámite, el juez Ángel Garrote estará liberado de su trabajo ordinario. "Toca apoyar al juez para que pueda contribuir a dar esa respuesta", ha concluido.

Violencia de género

El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, ha afirmado que "negar la lacra de la Violencia de Género no nos ayudará a resolverla".

Así se ha pronunciado preguntado porque algunos partidos, como VOX, hayan conseguido colocar en el centro del debate público la lucha contra la violencia de género.

En clave política, ha constatado los tiempos "convulsos" que se viven, manifestando que "los jueces debemos permanecer al margen del acontecer partidista".

Pero ha aprovechado para dejar claro que los jueces "no vamos a olvidar cuál es nuestro papel constitucional". Asegura que el sistema democrático "es un sistema de contrapoderes en el que el Poder Judicial aplica las leyes emanadas del legislativo y controla la legalidad de los actos de la Administración y las decisiones del ejecutivo. Los jueces seguiremos comprometidos en la defensa de la Constitución y de las leyes y su aplicación rigurosa".

Sobre la situación que se vive en Cataluña, ha destacado que el Poder Judicial "está dando sobradas pruebas de que, a pesar de las dificultades, cumple su misión".

Ha aprovechado para reclamar más medios, jueces y juzgados, aunque ha dejado claro también, en términos económicos, que la Justicia "está mejor preparada para una crisis, si es que pudiera venir", aunque aún soportan la "resaca" de la anterior recesión económica.

Al mismo tiempo, ha anunciado que la previsión es que para primeros de 2020 estará concluido, listo para ser presentado, el estudio que elabora el Consejo Económico y Social (CES), que permitirá cuantificar, por primera vez, el impacto que ocasiona el atasco judicial a la economía regional.

Y es que, ha puntualizado, "estamos entre las comunidades autónomas cuyos juzgados más asuntos ingresan; también entre las que más asuntos resolvemos anualmente. Pero la pendencia, los retrasos no dejan de aumentar. Y ello tiene una primera y principal causa: estamos entre las regiones con menos jueces, con menos juzgados".

El propósito con ese estudio es "generar conciencia entre nuestros responsables políticos, empresarios, sindicatos y colectivos profesionales para reclamar todos juntos mayores medios para la Justicia regional", porque, sostiene, "el retardo de la Justicia es un problema de todos".

Espera que, con ello, permita reclamar al Ministerio de Justicia "una mayor dotación de medios para la Región, al menos para equipararla a la media nacional", ya que "un mal funcionamiento de la justicia traslada disfunciones a la vida económica del territorio donde ocurre".

Y ha aplaudido que los partidos políticos, de forma unánime, recogieran la propuesta que lanzó en su discurso de apertura del Año Judicial de la necesidad de un Pacto Regional por la Justicia, para la que se ha iniciado un proceso participativo abierto a la sociedad murciana.

Un asunto que se, según le han informado desde el Ejecutivo regional, se trasladará a la Asamblea Regional para que de ahí surja "ese acuerdo de todos los partidos sobre ese Pacto, cuya idea básica es manifestar el consenso de todos por señalar a la justicia como una prioridad regional y acordar una actuación conjunta ante el Ministerio de Justicia para reclamar lo que a la Región "en Justicia" le corresponde".

Lucha contra la corrupción

En otro orden de cosas, también ha hablado del fenómeno "agobiante" que llegó a ser la corrupción en los tribunales murcianos y que gracias al refuerzo realizado se han conseguido mejorar las cifras.

En concreto, en lo que va de 2019, de la treintena de las macrocausas de corrupción seguidas en la Región con repercusión mediática, se han juzgado 3, se han archivado 7 y en 11 se ha concluido la investigación (dos pendientes de que se formule acusación y 9 se encuentran ya en fase oral, para celebrar juicio).

Y, por lo que respecta a la fase de enjuiciamiento, en las secciones penales de la Audiencia Provincial, de los 2.100 asuntos en trámite que había a comienzos de 2015, se ha pasado a la mitad, un millar.

Pero el de los jueces "es también, conviene no olvidarlo, un compromiso con los principios, reglas y procedimientos que nos hemos dado para garantizar un juicio justo. Principios, reglas y procedimientos que son ajenos a las urgencias propias del ámbito político o de los medios de comunicación. La lenta gestación de la verdad judicial es casi siempre incompatible con el paradigma de lo instantáneo, que tantas veces aspira, y lo consigue, a convertirse en la única verdad".

"Desde hace varios años, los jueces hemos dado pruebas diarias de nuestro compromiso en la persecución de la corrupción y en el derribo de supuestos santuarios de impunidad", ha indicado, para después confesar que en el sistema judicial hay dos "fallas" en la actuación: la "insoportable" lentitud en la respuesta judicial y los reforma legal de 2015 que impuso plazos muy breves de instrucción en un sistema judicial "sobrecargado", que ha desembocado en una sensación de "frustración y desencanto", no solo de los ciudadanos, sino también de los propios jueces. "Estamos clamando por esos medios", ha dicho.

También ha hablado de la Ley del Menor y considera que no aprecia necesidad de reforma, "funciona bien", ya que, de cada 10 menores infractores en la Región, 7 no vuelven a reincidir y de los otros 3, sólo uno se convierte en multireincidente. "No hay pasividad ni laxitud en el tratamiento de los menores infractores", ha recalcado Pasqual del Riquelme.

En lo que respecta a los MENAS, considera que se trata de un problema de "protección social" y ha criticado que se haya utilizado "como arma política arrojadiza e instrumento de propaganda", porque detrás de esa palabra "hay menores no acompañados".