Las penas y delitos que pedía la Fiscalía para los acusados del caso de los ERE de Andalucía
Entre los acusados se encuentran los dos expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán
Imagen de archivo del caso de los ERE / Pool - Archivo (EUROPA PRESS)
Sevilla
Qué pena y delitos pide la Fiscalía para los exaltos cargos de la Junta de Andalucía acusados en la causa conocida como pieza política de los expedientes de regulación de empleo (ERE), entre los que se encuentran los dos expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Manuel Chaves, expresidente de la Junta durante 19 años
Anticorrupción le acusa de un delito de prevaricación continuado y pide para él 10 años de inhabilitación. “Yo conocía las grandes decisiones políticas, yo intervenía en esas decisiones, lo que no intervenía en modo alguno era en cómo se articulaban las soluciones”, declaró.
Pablo Jiménez de Parga, el abogado del expresidente Chaves, defendió que las leyes de presupuestos prevalecen sobre la Ley General de la Hacienda Pública o sobre la Ley de Subvenciones por el denominado principio de especialidad, “que ha establecido la doctrina del Tribunal Constitucional”. Por tanto, argumentó, si esas leyes indicaban que se pagaran las subvenciones mediantes transferencias de financiación de la consejería de Empleo a la agencia pública IDEA era así como había que hacerlo.
“No hay un solo indicio incriminatorio contra Manuel Chaves”, dijo. Chaves desconocía cómo se pagaban las ayudas investigadas, no podía estar pendiente de una partida presupuestaria que representaba el 0,32 % del presupuesto andaluz y no conoció ninguno de los informes de la Intervención donde se advertían las irregularidades porque el interventor general nunca emitió el llamado informe de actuación que, por ley, hubiera llegado al Consejo de Gobierno.
En contra, los argumentos de la Fiscalía. “La necesidad de agilidad, rapidez e inmediación determinó que el presidente consintiera el cambio en el sistema, que se abandonara el expediente de subvención” y se comenzaran a pagar “ayudas que no se iban a fiscalizar”.
José Antonio Griñán, presidente de la Junta entre 2009 y 2013
Anticorrupción solicita para él 6 años de prisión y 20 de inhabilitación por los supuestos delitos continuados de malversación de fondos públicos y prevaricación.
Lo último que declaró, a preguntas del presidente del Tribunal, es que solo el consejero de Empleo podía saber qué empresas o trabajadores recibían las ayudas investigadas y qué cantidad de dinero se les otorgaba a esos beneficiarios. "Ni el Consejo de Gobierno ni el presidente de la Junta ni ningún otro consejero" disponían de esa información, señaló.
La defensa de José Antonio Griñán argumentó que el exconsejero de Economía no conoció los informes de la Intervención donde se advertían las irregularidades del sistema. Ningún informe se le remitió y su viceconsejera, Martínez Aguayo, no se lo reenvió, como ha declarado siempre, "porque no se proponía ninguna actuación del consejero" al no apreciarse riesgo de menoscabo ni menoscabo de fondos públicos.
En cambio, según el fiscal, José Antonio Griñán, como responsable máximo de la elaboración de los presupuestos andaluces cuando fue consejero de Economía y Hacienda, “era consciente de las vulneraciones groseras y de las disposiciones de caudales públicos” al margen de las leyes para pagar las ayudas investigadas. Anticorrupción insistió en que si la Intervención le advierte de un déficit debe tomar medidas sin esperar ninguna otra advertencia.
Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta entre 1994 y 2004
Anticorrupción pide para ella diez años de inhabilitación por supuesta prevaricación.
Declaró que las ayudas que se investigan estaban reguladas en las leyes de presupuestos de la Junta, que hacían referencia a la Ley de Subvenciones estatal. Por eso Álvarez mostró su extrañeza cuando las acusaciones repetían que para pagar las ayudas de los ERE no existía procedimiento. “Si había procedimiento y la Ley de Presupuestos lo decía”. “Tenía que haber procedimiento y fiscalización previa del gasto por la Intervención delegada de Empleo. Ahora lo que hubo o dejó de haber no lo sé”, declaró.
Gaspar Zarrías, exvicepresidente de la Junta y exconsejero de la Presidencia
Se enfrenta a diez años de inhabilitación por supuesta prevaricación.
El abogado de Gaspar Zarrías sostuvo que el ex vicepresidente no dictó ninguna resolución referida a las subvenciones ni recibió ningún informe de los interventores donde se advertía del uso inadecuado de las transferencias de financiación para abonar estas ayudas.
El exconsejero Antonio Fernández confesó durante la instrucción que él explicó cómo se iban a pagar las subvenciones a partir de 2001 en la reunión de viceconsejeros que presidía Zarrías. A esa reunión de viceconsejeros, preparatorias de los Consejos de Gobierno, llegaron tres borradores de órdenes desde la Dirección de Trabajo donde se recogían unas bases reguladoras para conceder las ayudas investigadas. Nunca se elevó ninguna orden ni decreto al Consejo de Gobierno.
Antonio Fernández, exconsejero de Empleo
Antonio Fernández señaló, en su declaración ante el Tribunal que le juzga, a los técnicos. Ellos debieron aconsejar “el camino” para pagar las ayudas investigadas mediante transferencias de dinero de Empleo a la Agencia IDEA.
Antonio Fernández, el exconsejero de Empleo de la Junta que estuvo en prisión, manifestó durante la instrucción del caso de los ERE, que era él como consejero o el viceconsejero quien adoptaba los compromisos para otorgar las ayudas socio laborales y directas a empresas y luego era el director de Trabajo quien la gestionaba.
Sin embargo en el juicio dijo que jamás dio orden a Guerrero para que diera esas subvenciones. “Cuando las ayudas eran importantes por el número de trabajadores, por la cuantía de las ayudas o por el sector afectado era el consejero en colaboración con el vice consejero los que decidían las directrices de concesión y luego las tramitaba el director de Trabajo”, manifestó. Es una de las numerosas contradicciones entre lo dicho entonces y lo declarado ante el Tribunal.
El exalto cargo señaló, en 2012, que en su opinión la fórmula de pago de las ayudas investigadas tuvo la autorización del Gobierno andaluz porque se trataba de un “procedimiento específico” que introdujo la figura de la transferencia de financiación en la ley de Presupuestos. Dijo también que la firma del llamado convenio marco de 2001, donde se explicaba ese sistema de pago, fue una decisión del exconsejero, José Antonio Viera. Y contó que él explicó ese convenio marco en la reunión de viceconsejeros que presidía Gaspar Zarrías.
Fernández declaró durante la investigación en el juzgado que no existían normas donde se recogiesen los criterios que debían cumplir trabajadores o empresas para acogerse a estas subvenciones; pero que en la consejería de Empleo sí existían unos “criterios objetivos que conocían los sindicatos y los empresarios”. “Eran criterios discrecionales pero no arbitrarios”, dijo.
Ante el Tribunal el exconsejero ha sostenido que el “procedimientos específico” se adoptó por consejo de los técnicos y que el mecanismo “de consejero para arriba no lo conoce nadie”. También ha explicado, en contra de lo defendido entonces, que estas son subvenciones excepcionales y que no se puede “normar” lo excepcional. Además de que ha alegado que había normativa supletoria estatal para que la Junta pudiera dar estas ayudas.
El exconsejero Fernández estuvo cuatro meses en prisión después de declarar ante la jueza Alaya. Salió de la cárcel de Morón después de pagar una fianza de 450.000 euros.
Manuel Gómez, exinterventor general de la Junta
La Fiscalía pide para él seis años de prisión y 30 de inhabilitación.
El que fue interventor general de la Junta durante diez años, Manuel Gómez, terminó apuntando a sus superiores, después de siete horas y media contestando al fiscal y dando pasos hacia atrás. Gómez se ratificó, ante el Tribunal que lo juzgó, en lo declarado ante el Tribunal Supremo. “¿Se ratifica en que tres miembros del Consejo de Gobierno recibieron la información contenida en sus informes y en lo que pudieron hacer y no hicieron, se ratifica en lo que dijo en el Supremo sobre los tres miembros del Consejo de Gobierno ?”, preguntó el fiscal antes de dar por finalizado su interrogatorio. “Sí, me ratifico”, respondió.
Francisco Vallejo, exconsejero de Innovación
La Fiscalía pide para él ocho años de prisión y 30 de inhabilitación.
Francisco Vallejo, el exconsejero de Innovación, insistió de forma machacona, en que ni veía las cuentas de la Agencia IDEA, que pagaba las subvenciones otorgadas por Empleo, ni tampoco vio nunca ningún informe de la Intervención, que fuera dirigido a él.
En esos informes se advertía del uso inadecuado de las transferencias de financiación de Empleo a Innovación para pagar las ayudas investigadas; y también se ponía de manifiesto el déficit de IDEA al asumir esos pagos comprometidos por Empleo. En algunas anualidades de 35 millones de euros.
“No era déficit. Era una deuda de la Junta con la Junta. En una empresa pública sería un problema pero en la Junta no causa alarma ni es un problema grave”, justificó a preguntas de la Fiscalía. Y luego explicó que el déficit se solventó con el compromiso de Empleo de hacer un calendario de pago de año y medio, que terminó en 2009. De hecho, ha señalado que IDEA jamás realizó órdenes de pago ni compromisos de gasto para pagar las subvenciones.
Carmen Martínez Aguayo, exconsejera de Hacienda
Anticorrupción solicita para ella seis años de prisión y 30 de inhabilitación.
La exconsejera andaluza de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, ha defendido que no recibió avisos sobre ilegalidades del sistema de pago de los ERE desde su equipo en la Consejería o la Intervención General. Por ello “nunca” informó de los informes de la Intervención a su entonces superior al frente de la Consejería y luego presidente de la Junta, José Antonio Griñán. Los informes de la Intervención, recalcó, solo incluían reparos relacionados con el pago de las ayudas a la partida 31L. “No me advirtieron de una ilegalidad (…) solo reflejaban discrepancias contables, no menoscabo de fondos públicos”, señaló.
José Antonio Viera, exconsejero de Empleo
La Fiscalía le pide ocho años prisión y 30 de inhabilitación.
El exconsejero de Empleo siempre creyó que el sistema de transferencias de financiación podía pagar este tipo de ayudas socio laborales y ayudas directas porque nunca recibió un informe que le advirtiera de ninguna irregularidad. También ha dicho que desconocía que existían leyes que limitaban "operar mediantes transferencias de financiación".
José Antonio Viera señaló que su papel era político y que no participó "en los elementos contables ni tuvo conocimiento de ellos". Eso era cosa de los técnicos. Añadió también que "faltan los partícipes a título lucrativo para poder concretar "el menoscabo al erario público".
Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo desde 1999 hasta 2008
La Fiscalía le pide 8 años de prisión y 30 de inhabilitación.
Su declaración ante la Policía dio paso a las diligencias previas 714/11 en el juzgado de Alaya, el caso de los ERE. Ante la Policía y la Guardia Civil Guerrero aseguró que nunca conoció los informes de la Intervención General de la Junta donde se cuestionaba la fórmula de pago de las ayudas investigadas. “Llegaban al consejero”, dijo en su momento. Él se limitó a aplicar el sistema que le impusieron sus superiores, señaló. Pero en la vista no ratificó estas manifestaciones.
Está investigado en 76 piezas y ha sido excluido, de momento, de 60. Estuvo en prisión y está condenado a 5 años y 9 meses de prisión por el caso Umax, aunque la sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. Se trata de la creación de una administración paralela.
