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Viernes, 21 de Febrero de 2020

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Expertos en infancia exigen un plan nacional estratégico para los menores extranjeros no acompañados

Las jornadas de la Sindicatura de Greuges descartan motivos económicos o de delincuencia que justifiquen el rechazo a estos niños inmigrantes

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Expertos en familia e infancia y técnicos de la Sindicatura de Greuges exigen un Plan Estratégico Nacional para solucionar la coordinación de los menores extranjeros no acompañados que llegan a nuestro país.

Ha sido en la jornada sobre 'Menores extranjeros no acompañados' organizada por el Síndic con motivo del Día Internacional de la Infancia, que ha acogido este miércoles la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante. Todos los ponentes han lamentado la disparidad de criterios entre comunidades autónomas, que impide, por ejemplo, una escolarización continuada para estos menores que llegan muchas veces “destrozados emocionalmente” desde países como Marruecos, Argelia o Pakistán.

Por ello, Amaia Bravo, subdirectora del Grupo de Investigación de Familia e Infancia de la Universidad de Oviedo, pide a las comunidades ese “ejercicio de corresponsabilidad” que acabe con el actual doble rasero de comunidades, algo que pasa “por crear una sensibilidad diferente”.

No existen criterios ni económicos, ni apoyados en cifras de delincuencia que justifiquen el rechazo a estos inmigrantes, advierte el propio Síndic, Ángel Luna, que lamenta que detrás de esas voces solo hay “una clara manipulación ideológica”. Más bien al contrario, afirma Luna que se necesita de esta explosión demográfica y de la iniciativa de estos jóvenes.

Por su parte, David Calatayud, técnico del Síndic, critica que, aunque el discurso sea que estos niños “son hijos nuestros”, el mayor escollo son los permisos de residencia y las autorizaciones de trabajo, pues los menores llegan sin documentación y sus países de procedencia no colaboran.

En la Comunitat Valenciana, la quinta en el ranking con 681 menores en esta situación, se vive el mismo problema estructural, explican, por la saturación de centros y la falta de familias de acogida. De ellos, 282 viven en la provincia de Alicante.

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