El Principado incrementará en un 2,3% la ayuda a la Depedencia que reciben más de un millar de asturianos

Oviedo

El gobierno asturiano sube un 2,3 % las prestaciones por Dependencia de 1.041 asturianos recuperando así la cuantía mínima garantizada y la universalidad de la prestación. El incremento aprobado este jueves en el Consejo de Gobierno se hará efectivo en diciembre con efecto retroactivo a mayo y supondrá un gasto total de 325.000 euros.

Con esta medida, el Principado amplía las prestaciones y promueve los servicios prestados a través de entidades privadas, siempre que cuenten con la debida acreditación.

Ahora, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar se enfrenta también a la necesidad de reducir los tiempos de espera para las evaluaciones. Melania Álvarez ha reconocido que actualmente superan los 20 meses en algunas áreas sanitarias. Para ello, ha puesto en marcha un plan de choque mediante el que , en un año, pretende cumplir los tiempos máximos de espera contemplados en la ley: seis meses de espera. Álvarez está convencida de lograrlos mediante la optimización de recursos, ante la imposibilidad presupuestaria de contar con más medios humanos o materiales.

A lo largo de 2020, se revisarán los expedientes de un millar de personas que no han podido hasta ahora recibir prestaciones. Se trata de comprobar si pueden hacerlo a partir de ahora.

Por segundo año consecutivo, desciende el gasto del Salario Social Básico. Es el dato con el que el Gobierno asturiano responde al presidente de la patronal asturiana de la construcción CAC- ASPROCON, Joel García, a quien instan a colaborar con la administración si realmente tiene conocimiento de perceptores que trabajan como haciendo "chollos" en las obras, como dijo ayer cuando reclamó más dinero para obras y menos para políticas sociales.

La respuesta vino tras el Consejo de Gobierno de este jueves de boca de la consejera y portavoz del ejecutivo, Melania Álvarez.

Primero expuso los datos, ya en el tramo final del ejercicio presupuestario. La estimación que maneja el gobierno es que este año la prestación se quede cuatro millones por debajo de lo presupuestado, que fue de 120 millones de euros. Es el segundo año consecutivo que se reduce el salario social, algo que el gobierno considera una buena noticia, porque refleja una mejor situación económica. Álvarez, ante las afirmaciones de fraude y de que hay perceptores que chollean en las obras, insta al presidente de los constructores a denunciar y "no ser cómplice del fraude".

Melania Álvarez defendió el gasto social y lo inscribió en el compromiso del gobierno de mantener la calidad de servicios como la Educación o la Sanidad públicas.