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Domingo, 08 de Diciembre de 2019

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Extrabajadores del Córdoba CF tratan de parar la venta de la unidad productiva de la entidad

Presentan ante el Juzgado un escrito de alegaciones pidiendo la paralización del proceso

Un grupo de extrabajadores del Córdoba CF ha presentado en el Juzgado de lo Mercantil número 1 un documento de alegaciones por el que solicita la suspensión y paralización de la venta de la unidad productiva del club blanquiverde. .

 

Estas personas estuvieron trabajando por varios años mucho tiempo sin haber cobrado manifiestan una vulneración flagrante de sus derechos. Y tienen claro que no cobrarán, ante lo que afirman son unas “condiciones muy favorables para los compradores y nefastas para aquellas personas a las que se les debe dinero” según el doumento presentado en el juzgado.

Los firmantes del documento entre otros son Enrique Martín, Javier Ramos y Alfredo Sánchez Benito, el ex director deportivo Rafael Berges, el ex secretario del consejo Juan Ramón Berdugo, el ex director de comunicación y marketing Antonio Viola, la entidad García Amado Consulting SL y la firma Sanivo Abogados SLP.

En el documento solicitan que se les oiga y proponen la nulidad del auto judicial que activaba la venta del club. Los demandantes entienden que se les tenía que haber oído, como acreedores, antes de decidir sacar a la venta el club. Entienden que se ha vulnerado la tutela judicial efectiva y lamentan que la venta de la unidad productiva del Córdoba C.F conlleva la venta encubierta de la empresa, libre de cargas, lo que califican de “fraude concursal”.

En estas alegaciones, recuerdan que el nombramiento de la administración judicial esta recurrida en el Juzgado de Instrucción nº 5. Lo que vienen a decir con esto es que si se declarara nula ese nombramiento, sería nulo todo lo hecho con posterioridad. Cuestionan también que Francisco Estepa fuera nombrado Administrador Concursal tras ser Administrador Judicial. Dicen estar perplejos ante ello y califican de palmaria esta supuesta incompatibilidad.

Además califican como grave perjuicio el hecho de que el importe de la venta no cubra el pasivo que los administradores han reconocido que existía. Si la deuda es de 10 millones por qué lo venden por 3, se preguntan.

Cuestionan que la oferta requiera que sea presentada por una SAD, algo, según el escrito imposible de crer en cinco días hábiles y estéril ya que no hace falta ser SAD para competir en Segunda B.

Básicamente, repite, entienden que los intereses y los derechos de los acreedores han quedado desprotegidos y que se están cerrando las puertas a otras ofertas, haciendo una suerte de adjudicación directa, “a precio de chollo”, y añade que de hacerse así se crearía un precedente terrible y abririr la uerta al fraude y a la inseguridad jurídica.

 

 

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