El Pleno deja solo a Vox en su negación de la violencia de género

Alicante

Cordón sanitario a Vox en el Ayuntamiento, al menos, en lo que se refiere a violencia machista. Todos los grupos de la corporación excepto la extrema derecha han votado a favor de la declaración conjunta para condenar la violencia machista en la semana en la que se conmemora el día internacional contra esta lacra.

Finalmente, ha sido una declaración conjunta y no dos, tras consensuar el texto el bipartito con la oposición.

Todos los partidos han cargado contra Vox por negar la realidad de la violencia machista. Han llegado a acusar a la formación de ultraderecha de tener un comportamiento "miserable" por ni siquiera acudir a los actos en apoyo a las víctimas y Compromís ha tildado a los dos ediles de Vox de ser unos "representantes indignos".

Por su parte, el portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha defendido la postura de su formación argumentando que están en contra de cualquier tipo de violencia, pero no quieren apoyar una lucha que, dice, está fomentada por la izquierda. Y carga contra el PP por sumarse a lo que denomina la "batalla de las ideas" progresista.

El alcalde Luis Barcala ha tomado el turno de palabra por alusiones para cargar contra Vox por, independientemente de la terminología, no apoyar la cuestión de fondo, "la lucha contra una lacra social que afecta a todos".

Ordenanza animales

Donde no se ha aplicado el cordón sanitario a Vox ha sido en la aprobación de la ordenanza de tenencia de mascotas y protección animal. El bipartito ha necesitado los dos votos de la formación de ultraderecha para sacarla adelante.

Una normativa que ha contado con el rechazo unánime de todo el bloque de izquierdas al considerar que busca fiscalizar a los dueños de mascotas en lugar de primar el bienestar animal.

Además, censuran que no se haya consultado con asociaciones animalistas y consideran que el texto es incompleto.

Protestas Acción Social

Por otra parte, la sesión plenaria se ha tenido que interrumpir durante unos instantes por la protesta de una veintena de funcionarios de Acción Social ante la posibilidad de que 67 trabajadores del área puedan cesar el próximo 1 de enero si no se les renueva el contrato.

Advierten que ya están saturados y el problema irá a peor si cerca de la mitad de la plantilla se va a la calle.

Compromís ha hecho una pregunta sobre este asunto y la responsable del área, Julia Llopis, asegura que se está trabajando en ello pero se necesitan los fondos de la Generalitat para hacer contratos plurianuales, porque el Ayuntamiento, añade, no tiene fondos para afrontar el algo más del millón de euros que se requiere para mantener en plantilla a estos trabajadores.