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Jueves, 12 de Diciembre de 2019

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El gobierno central destituye a la interventora del Ayuntamiento de Paracuellos y deja en el alero los presupuestos municipales

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha sancionado a la funcionaria durante seis años por dos faltas muy graves. El trabajador público que debía sustituirla se fue hace un mes tras conseguir una plaza de la Comunidad de Madrid

Vista de la Plaza de la Constitución /

Los cuatro años del gobierno municipal de Iniciativa Ciudadana por Paracuellos (ICxP), Unidos por Paracuellos (UxP) y Somos Paracuellos -que acabaron en junio- estuvieron marcados por una tensión creciente entre el tripartito y la interventora municipal, a la que acusaban de obstruir de forma deliberada la acción de gobierno hasta casi la parálisis. Una tensión que desemboca ahora en la destitución de la funcionaria. El cese disciplinario llega en el peor momento para el actual alcalde -Jorge Alberto Campos, de Ciudadanos-. “Justo cuando la tramitación de los presupuestos encaraba sus últimos trámites”, según reconocen fuentes municipales. “La máxima preocupación ahora es encontrar una alternativa porque el trabajador que debía sustituirla se fue hace un mes”, admite un portavoz del Ayuntamiento.

Desde Somos Paracuellos, ahora en la oposición, consideran que esta sanción es “muy trascendente” y niegan cualquier tipo de motivación personal en la acusación. “Ella probablemente se vio superada por las circunstancias, por el tamaño de la tarea y la falta de recursos”, dice Javier Almaraz, concejal de la formación. Eso desembocó en una “situación de desconfianza con la que la oposición de aquel entonces se alineó”, añade el edil.

Aquel equipo de gobierno terminó denunciando a su propia interventora ante la Dirección General de la Función Pública por avalar por escrito unos pagos a ATM, S.L. -la empresa a la que el Partido Popular encargó en 2013 la gestión de los tributos locales-, cuando el contrato ya había finalizado y se había excedido el límite máximo fijado como contraprestación por esos servicios. Unos informes que, según recoge ahora la resolución del Ministerio, suponen “una quiebra en el ejercicio de las funciones reservadas que la interventora tenía que haber realizado”.

El resultado es que el gobierno central le impone dos sanciones, de tres años de destitución cada una, por dos faltas muy graves: adoptar acuerdos manifiestamente ilegales, que han causado un perjuicio grave a la Administración; e incumplir las funciones inherentes a su puesto de trabajo -la fiscalización del día a día del Ayuntamiento-. “La destitución de interventores por motivos disciplinarios es muy poco frecuente”, según reconocen a la SER fuentes del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a pesar de que en toda España hay más de 8.000 municipios. En sus expedientes del último año solo aparece un caso más. La Cadena SER ha intentado sin éxito recoger la versión de la hasta ahora interventora municipal, a la que aún le queda una posibilidad de recurso ante la Administración y la vía judicial.

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