La justicia cita al rector de la URJC por romper el convenio con el Instituto Alicia Alonso

Madrid

El conflicto abierto entre la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y el Instituto Universitario de Danza Alicia Alonso, que imparte títulos de enseñanza superior en el campus de Fuenlabrada de esta universidad en virtud de un convenio que ambos organismos mantienen desde el año 2001, se ha trasladado a los tribunales y va a sentar en el banquillo al máximo responsable de la universidad, el rector Javier Ramos. A principios de curso, el rector, Javier Ramos, comunicó al Instituto -gestionado por una Fundación- su intención de romper el contrato con el centro después de que no aceptara someterse a las nuevas condiciones de adscripción impuestas por la URJC, según se trasladó desde la propia universidad.

Desde entonces, la URJC ha proseguido con los trámites (reorganización de espacios y contratación de profesores propios) para hacerse con el control total de las enseñanzas que ahora mismo cursan unos 500 alumnos en el campus de Fuenlabrada. Sin embargo, al mismo tiempo, el Instituto Alicia Alonso decidió reclamar ante la justicia. Primero con la presentación de una demanda por la vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid donde pedía la paralización de esa ruptura anunciada por la universidad al producirse con el inicio de curso ya empezado. El alto tribunal madrileño le dió la razón y aceptó las medidas cautelares, a la vez que exigió a la universidad el abono inmediato de la anuliadad de 970.000 euros pactada para 2019 con el instituto.

Ese auto está fechado el pasado 30 de octubre pero, a día de hoy, esa cantidad aún no ha sido abonada. La URJC asegura que se pagará en breve porque estaba pendiente de una modificación presupuestaria. Una explicación que para el centro de danza es solo "una excusa más" ya que los presupuestos se aprobaron en diciembre de 2018. El centro de danza asegura que los profesores contratados por el Instituto llevan dos meses sin cobrar a pesar de que están dando clase mientras que los profesores contratados por la universidad para asumir estas enseñanzas sí perciben su mensualidad aunque aún no tienen alumnos a su cargo.

El último paso se ha dado ante la jurisdicción penal. El centro de danza presentó un recurso en los juzgados de Fuenlabrada contra la universidad y el rector por esta ruptura y por las coacciones que según afirman vienen recibiendo para desistir de las enseñanzas. El juzgado ha abierto diligencias y ha citado, como investigado, al rector Javier Ramos el próximo 16 de enero, como ha adelantado Público. Se le acusa de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, coacciones y de actuar contra la propiedad intelectual.