Procesan a Cursach y once policías locales por las fiestas en Tito's
El juez imputa delitos de cohecho y contra la salud pública por las fiestas privadas con sexo y cocaína en Tito's
EFE
Palma
El juez que instruye el caso Cursach ha iniciado los trámites para juzgar al empresario del ocio nocturno, tres de sus subalternos y once policías locales por las supuestas fiestas organizadas en la discoteca Tito’s para conseguir el favor de los agentes. El juez les imputa delitos de cohecho y contra la salud pública.
El auto dictado por el juez Enrique Morell incluye a once agentes de la Policía Local de Palma, el empresario Cursach, el director general de sus empresas Bartolomé Sbert, el director de Tito’s Jaime Lladó y el relaciones públicas Arturo Segade.
En su auto, el juez sostiene que de manera continuada y permanente entre 2009 y 2016, Cursach y Sbert dieron las órdenes oportunas para que se llevase a cabo la práctica habitual de regalar y agasajar con prebendas a funcionarios de la policía local de Palma.
Esas prebendas consistían en servicios sexuales, consumiciones y estupefacientes para diversos funcionarios cuyas labores administrativas podían suponer un perjuicio o afectar a la buena marcha del grupo empresarial.
La entrega de obsequios, dice el juez, llevaba implícita la contraprestación de que debían favorecer la actividad de los negocios del grupo Cursach Ocio apartándose de las obligaciones administrativas de sus cargos. El auto apunta al director de la discoteca y a su relaciones públicas como las personas que se prestaban a ejecutar estas órdenes.
El juez señala que los once policías fueron beneficiados con servicios sexuales, consumiciones y estupefacientes que se dispensaban gratuitamente en fiestas privadas de la zona VIP de la discoteca Tito’s. Para el magistrado existen serios indicios de que Cursach y Sbert dieron las órdenes oportunas a sus subalternos para que en la zona VIP se ofreciera cocaína, lo que puede incurrir en delito contra la salud pública.
La pieza iba a ser juzgada por un jurado popular, pero finalmente se decidió incluirla en el grueso de la investigación. Tras varios recursos ante la Audiencia Provincial se devolvió al juzgado de instrucción y ahora el magistrado la ha reactivado. La fiscalía tiene un plazo de veinte días para presentar el escrito de acusación o pedir el sobreseimiento.
