El Gobierno destina 6,6 millones en 2020 para el almacén de gas en Doñana pese a la suspensión del proyecto solicitada por Bruselas

Huelva

El informe aprobado en marzo de 2019 por la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo recomendaba a todas las autoridades responsables que trabajasen juntas para suspender inmediatamente todos los permisos otorgados al almacenamiento de gas en Doñana hasta que se resuelvan todas las irregularidades detectadas en la Evaluación de Impacto Ambiental. Pese a ello, y con la retribución aprobada para 2020, el almacén subterráneo ‘Marismas’, de Naturgy Almacenamiento Andalucía suma 26 millones de euros en ingresos desde el Gobierno en los últimos cuatro años. Además, en otro párrafo, el informe solicitaba “la retirada provisional de estos trabajos y que se detengan inmediatamente los pasos en el proyecto de gas para garantizar el respeto de los principios de prevención y precaución de la UE”. Sugería “que se tomen las medidas legales necesarias para poner fin a todo el Proyecto Marismas”.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 28 de diciembre la orden TEC/1259/2019, de 20 de diciembre, por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas para el año 2020.. El documento establece un pago de 6 Millones 580 Mil euros en 2020 en concepto de retribución por la instalación ‘marismas’ de Naturgy Almacenamientos Andalucía. A esa cifra se deben añadir los 19,4 millones que la empresa ha recibido en las tres últimas anualidades. La orden reconoce además que el valor de la inversión asciende a 53,3 millones de euros.

WWF ha reclamado al Gobierno que retire a la instalación la figura de interés estratégico para el Estado, tal y como se comprometió con la delegación de eurodiputados que visitó Doñana en septiembre de 2018.

El proyecto ‘Marismas’ se empezó a ejecutar hace tres años tras obtener todos los permisos ambientales del Gobierno y la Junta de Andalucía. Hay otros tres proyectos relacionados con el primero, denominados ‘Saladillo’, ‘Aznalcázar’ y ‘Marismas Oriental’, que no han recibido la Autorización Ambiental Unificada del gobierno andaluz. Naturgy mantiene abierto desde 2014, por este motivo, un contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra la Junta, con una reclamación patrimonial de 358 millones de euros. En paralelo, esas tres partes del proyecto han perdido a finales de año la Declaración de Impacto Ambiental favorable otorgada por el Gobierno en 2013, al haber transcurrido seis años y no haber comenzado los trabajos. Su futuro ha quedado supeditado ahora al fallo del TSJA.

La empresa asegura que no ha desistido del proyecto y recuerda que se encuentran inmersos en un proceso judicial abierto aún pendiente de resolución. Desde Naturgy, la empresa matriz, señalan que están a la espera de que el pronunciamiento pueda llegar a lo largo de 2020.

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Si el fallo del TSJA es favorable a los intereses del gobierno andaluz, las posibilidades de desarrollar las otras tres partes del proyecto del almacén de gas serán nulas, ya que habrían perdido el visto bueno ambiental del Gobierno.