El PP pide el apoyo del gobierno local a trabajadores de OMBUDS del Ayuntamiento de Fuenlabrada

Fuenlabrada

Cerca de 60 trabajadores fuenlabreños de OMBUDS, que ejercen funciones de seguridad privada en el Ayuntamiento o en edificios municipales, podrían perder su trabajo dada la difícil situación que atraviesa la empresa. El pasado 14 de noviembre, OMBUDS solicitó al juzgado nº 13 de lo Mercantil de Madrid, la liquidación de la sociedad ante un fallido concurso de acreedores, según ha informado la portavoz del PP de Fuenlabrada, Noelia Núñez.

La empresa adeuda entre proveedores y salarios, dice la popular, cerca de 200 millones de euros y muchos de los trabajadores de Fuenlabrada "están cobrando las nóminas con un mes de retraso, ya en junio no recibieron la paga extra de verano", además sufrir una gran incertidumbre por su futuro laboral. Núñez critica, además, que en junio del pasado año, cuando cumplía el contrato del Ayuntamiento con la empresa, el gobierno local decidiera optar por la prórroga y no por una nueva licitación, aún sabiendo que la empresa estaba en concurso de acreedores.

Núñez asegura que estos empleados le han trasladado su sorpresa porque el gobierno local no haya intentado mediar de alguna manera al conocer la problemática que viven. La portavoz afirma que el contrato con OMBUDS se renovó por 146.508 euros y se plantea si no se podría haber rescindido al constatarse incumplimientos del pliego de adjudicación.

Desde el Ayuntamiento se asegura que se han venido manteniendo reuniones con trabajadores y empresa para garantizar el puesto de trabajo de estas personas y el cobro de las nóminas y a fecha de hoy sólo les debe la empresa la extra de verano. Además, las mismas fuentes precisan que el contrato prórrogado con OMBUDS en junio no hace referencia a la prestación de servicios de vigilancia, sino a otro dirigido al  mantenimiento de alarmas, que se prorrogó, en todo caso, antes de conocerse la situación real de la empresa.  La prioridad son los trabajadores y mantener el servicio, afirman.

Además, indican que ahora sólo el juzgado de lo Mercantil tiene la potestad para resolver la concesión del contrato, al estar en proceso concursal la empresa.  En estos momentos el Ayuntamiento trabaja en la "elaboración de un pliego para volver a adjudicar el contrato de seguridad, poder garantizar el servicio y subrogar a los trabajadores, que son los objetivos principales del Consistorio".

Las mismas fuentes concluyen que la situación generada en Fuenlabrada se repite en decenas de administraciones y organismos  como Metro de Madrid, la EMT o en los servicios penitenciarios de varias comunidades autónomas y en diferentes diputaciones.