La Asamblea convalida el decreto del Mar Menor, que tramitará como proyecto de ley

Cartagena

La Diputación Permanente de la Asamblea Regional ha convalidado el decreto Ley del Mar Menor, con los votos a favor de PP, Ciudadanos y Vox, que se tramitará como Proyecto de Ley, gracias a los votos de PSOE, Podemos y Ciudadanos. Por otra parte, ha rechazado que se celebre un pleno extraordinario para debatir el decreto, tal y como proponía el PSOE.

El voto del grupo parlamentario Ciudadanos (Cs) ha sido clave para que el decreto ley se pueda tramitar como proyecto de ley en el Parlamento autonómico, lo que supone que los grupos parlamentarios deban trabajar en Comisión sobre el texto, iniciar una ronda de comparecencias si lo estiman oportuno y presentar enmiendas parciales que deberán debatirse.

Aquellas que se aprueben deberán incluirse en el documento cuya aprobación definitiva tendrá que hacerse en Pleno. En este sentido, Cs ha votado 'sí' a la convalidación del decreto ley, junto a PP y VOX, y también ha dado su voto afirmativo a la tramitación como proyecto de ley, junto a PSOE y Podemos.

El consejero de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Antonio Luengo, ha glosado la situación del Mar Menor tras el episodio de anoxia de octubre, y asegura que siguen sin llegar las actuaciones del Gobierno de España.

Para Antonio Luengo, si se magrea mucho el decreto ley, se corre el peligro de desvirtuarlo, mientras que el PSOE le ha corregido: tramitarlo como proyecto de ley no impide su aplicación en la actualidad. Alfonso Martínez Baños considera que se requieren medidas excepcionales, y cree que el decreto aprobado por el Gobierno es una oportunidad perdida, y solo es "un decreto escrito al dictado de los lobbies que quieren controlar al sector agrícola".

Para los socialistas, la franja de 500 metros sin fertilizantes que contempla el decreto solo afecta a 136 hectáreas de las más de 60.000 de la cuenca, el 0,22%. Y critica que no se haya tenido en cuenta las aportaciones del PSOE en materia urbanística -ya que proyectos como Novo Cartago sigue adelante con el decreto- o en puertos deportivos. También ha acusado a VOX de un gran desconocimiento, ante la propuesta de los ultraconservadores de abrir las golas para recuperar la laguna.

VOX, partidario de convalidar el decreto, considera que se requieren medidas excepcionales, a aplicar desde la administración regional y la nacional, insistiendo en que lo que afecta al Mar Menor es un “lío competencial de padre y muy señor mío”. Los ultraconservadores han insistido en la idea de que la “deserción” de Ciudadanos del decreto puede generar una crisis de gobierno y un adelanto electoral, que niega Cs.

El portavoz de VOX advertía a Ciudadanos que, durante el debate del proyecto de ley, se le podría retirar el apoyo en caso de que estén en desacuerdo con determinadas enmiendas planteadas.

Desde Ciudadanos, Juan José Molina cree que VOX no es de fiar, y pone como ejemplo la negociación de los presupuestos regionales, y considera que no se puede fallar al Mar Menor. Sobre la restricción de 500 metros en el uso de fertilizantes, asegura que se verá si hay o no que ampliar la franja. Molina defiende el cambio de postura de Cs: "se ha aprobado un decreto que ya se está aplicando y ahora hay que mejorarlo como proyecto de ley", dice Molina.

El PP ha cargado las tintas contra el PSOE, acusando a Pedro Sánchez de venir a la Región a hacerse la foto, y nada más. Y lamenta que con su tramitación como proyecto de ley incurrirá en inacción y parálisis, cuando el Mar Menor no admite de más demoras y esperas. Precisamente a Cs se ha dirigido Joaquín Segado, al que responsabiliza de que con esta tramitación se dilate su probación definitiva, lo que generará inseguridad jurídica al sector turístico.

Desde Podemos, María Marín acusa al consejero de mentir, ya que el decreto ley se ha cocinado en secreto y de extraperlo, y sin tener en cuenta aportaciones sociales que se les ha planteado.

La convalidación del decreto supone su aplicación, y ahora se inicia su tramitación parlamentaria como proyecto de ley. Un proceso que puede durar entre cuatro y cinco meses, a partir de febrero.