El TSJA da la razón a la Junta en el veto al proyecto de Gas Natural

Huelva

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el TSJA, ha desestimado el recurso contencioso administrativo presentado por la empresa Gas Natural (ahora Naturgy) contra la Junta por el proyecto de almacenamiento de gas y da la razón a la administración autonómica que, en el anterior mandato socialista, denegó la autorización a una de las partes capitales del proyecto: al denominado Marismas Oriental, por entender que afectaba al espacio natural protegido.

Para la evaluación ambiental del proyecto, la empresa logró fraccionarlo en cuatro partes: Marismas Oriental, Aznalcázar, Marismas Occidental y Saladillo. Al no otorgarle la Junta la Autorización Ambiental Unificada (AAU) a Marismas Oriental por su afección al parque, se cuestiona al mismo tiempo, aunque se autorice por estar fuera del parque, la viabilidad del proyecto de Aznalcázar, los dos más próximos al entorno de Doñana. De modo que actualmente sólo tiene autorización ambiental, Marismas Occidental por estar fuera del parque. Para el Saladillo se necesita una autorización de la Ley Andaluza de Espacios Protegidos que la empresa hasta ahora no ha pedido. 

Los cuatro subproyectos tienen el aval del entonces Ministerio de Medio Ambiente, pero el Alto Tribunal da la razón a la Junta en su decisión de denegar el permiso en la zona de actuación dentro del parque.

EL TSJA, según la sentencia a la que ha tenido acceso la Cadena SER, desmonta los argumentos esgrimidos por la empresa Gas Natural relativos al proyecto de almacén gasístico en Doñana, argumentando que la Junta tiene plenas competencias ambientales para otorgar o denegar la Autorización Ambiental Unificada, aunque el proyecto contase previamente con la Declaración de Impacto Ambiental del estado favorable.

Una de las críticas de la recurrente fue que la Junta había cambiado de postura respecto al proyecto. Subraya la sentencia, que es extensa y contundente, que la Junta no invade competencias del Estado en este sentido y no hay fraude de ley, como deja entrever la empresa.

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El TSJA hace suyo el informe emitido por el espacio natural de Doñana en 2015, que sostiene que el proyecto presenta incompatibilidades con el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Doñana (PORN), aspecto en el que no entra la DIA estatal, y que se trata, además, de un proyecto nuevo, con nuevos sondeos en zonas sensibles de Doñana y nuevos yacimientos para almacenar gas. Es decir, da la razón a la Junta en la denegación de la autorización ambiental a la empresa porque sí afecta a zonas sensibles del espacio. "Este documento encuentra su motivación en la presencia de elementos del proyecto que presentan incompatibilidad con la normativa de aplicación, tales como las nuevas conducciones situadas en la zona de grado A y otros que entran en contradicción con los criterios objetivos de conservación, tales como el almacenamiento en el ámbito del Parque Natural de Doñana". En definitiva, añade, se ampara "en la desatención por el proyecto de algunas de las previsiones contenidas en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Doñana".

Dice el alto tribunal que tener unos derechos adquiridos como titular de explotaciones anteriores no exime a Gas Natural de tener otros permisos. Por todo ello, desestima el recurso contencioso administrativo por el que la empresa había llegado a solicitar la indemnización de 300 millones de euros. 

Juanjo Carmona, de WWF, ha hablado de "victoria" del conservacionismo respecto a un proyecto perjudicial para Doñana así como "un éxito" de quienes han trabajado en estos años por preservar este espacio.

Para el PSOE la sentencia es una "excelente" noticia par Doñana y todos los que defienden el espacio protegido que avala, además, punto por punto todas las actuaciones llevadas a cabo por el anterior gobierno desde la extinta consejería de medio ambiente para preservar doñana de un proyecto considerado perjudicial para el entorno protegido. José Fiscal, portavoz socialista, pregunta si el PP en el gobierno no se alegra de esta sentencia ya que la conocía desde el 22 de diciembre y no se ha pronunciado

La empresa, por su parte, que ha declinado pronunciarse anuncia que recurrirá en casación ante el Supremo.