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Martes, 21 de Enero de 2020

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El abogado del Ayuntamiento de Castro Urdiales afirma que no ha visto nunca dar dinero a nadie

Gutiérrez Olivares dice que no era partidario de poner una denuncia penal como la que dio origen al caso La Loma

La Fiscalía y la acusación particular solicitan la anulación de los instrumentos urbanísticos del SUNP 12. /

El letrado del Ayuntamiento de Castro Urdiales, José Antonio Gutiérrez Olivares, ha declarado en el juicio de La Loma, que "no ha visto nunca dar dinero a nadie", y ha señalado que tras su vuelta al Consistorio en 2016 -después de una excedencia de más de 10 años-, "convenció" -a los políticos- de que "no hacer nada" en La Loma tras la paralización derivada de este procedimiento judicial, "era la peor solución de todas".

Gutiérrez Olivares ha afirmado que "no ha visto nunca dar dinero a nadie" cuando la fiscal, Pilar Santamaría, le ha preguntado si tiene constancia de que el exalcalde Rufino Ruiz Helguera, el exsecretario municipal César Sáiz, el arquitecto Pedro Restegui o la técnico Yolanda Sánchez –a los que acusa de un presunto delito continuado de cohecho–, recibieran dinero de particulares por beneficiarles en el ejercicio de actos propios de sus respectivos puestos municipales.

Y cuando la abogada de la Junta Vecinal de Santullán, Yolanda Merino, le ha preguntado si ha elaborado informes para esta causa, el jurídico ha contestado que ha informado a los abogados del Ayuntamiento de las actuaciones realizadas en los últimos años para "regularizar desfases" en La Loma.

Gutiérrez Olivares ha relatado que en el Ayuntamiento de Castro existe "una comisión de regularización de los desfases que haya habido en La Loma", de la que forma parte junto a otros técnicos, y que se reúne semanalmente.

"Les convencí de que no hacer nada era la peor solución posible", ha comentado sobre las intervenciones municipales en La Loma, que son las que tuvo en cuenta la fiscal el pasado mes de octubre, al principio del juicio en la Audiencia, para retirar los cargos a 39 de los 45 acusados iniciales y "contraer" la macrocausa instruida por el juez Luis Acayro Sánchez al SUNP-12, en Santullán.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular que ejerce la Junta Vecinal de Santullán, solicitan la anulación de los instrumentos urbanísticos que desarrollaron ese sector de suelo urbanizable, incluida las licencias de 46 chaléts que piden que se derriben por no respetar la distancia a la carretera autonómica colindante.

Se da la circunstancia de que durante su excedencia, el bufete privado de Gutiérrez Olivares y su socio asesoró al presidente de la Junta Vecinal de Santullán, Julián Revuelta, con motivo de la "entrada de palas" en unos caminos que la pedanía considera propios y cuya titularidad se disputan en este proceso la Junta y el Ayuntamiento.

El jurídico ha explicado que, bajo el asesoramiento de su despacho, la Junta Vecinal se inició la vía administrativa para recuperar de oficio los terrenos, y ha señalado que no era partidario de poner una denuncia penal -la que dio origen a esta macrocausa- porque "no la veía".

"Yo a la Guardia Civil dije que no iba" porque "ni vemos que sea denunciable ni nos dedicábamos a denunciar", ha señalado Olivares, quien ha explicado que Revuelta le dijo "si vosotros no queréis lo hará otra persona".

 

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