Echávarri niega el cese de la cuñada de Barcala por venganza y lo justifica en el "miedo"

Alicante

El exalcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, ha defendido en el juicio que se ha iniciado este miércoles contra él por el despido de la cuñada del entonces portavoz del PP, Luis Barcala, que ni actuó por venganza ni "la condición de ser cuñada" de Luis Barcala "determinó" el cese de esta funcionaria interina. Argumenta el exalcalde que actuó por "miedo" a acumular denuncias en su contra.

Echávarri, que ha llegado a la Audiencia Provincial poco antes de las diez para ser enjuiciado por prevaricación, ha declarado durante media hora escasa, y ha insistido en que la funcionaria "ocupaba esa plaza ilegalmente" y en que tenía a su disposición una lista desde el mes de diciembre de 2016 con funcionarios en situación irregular -aunque no ha aclarado cuántos- y Catalina Rodríguez era una de ellos.

A la entrada a la Audiencia, sonriente ante los numerosos periodistas congregados a las puertas del juzgado, ha rechazado hacer declaraciones ni siquiera "cuando salga la sentencia".

Durante toda su declaración ha abundado en que esta funcionaria ya había cumplido las funciones para las que había sido contratada al frente tanto del museo MACA como de Las Cigarreras, y que de hecho, llevaba meses fichando en otro puesto de trabajo, en La Lonja. Añade que cogió "miedo" al prever que pudieran denunciarle por no despedir a todo el personal que seguía en situación "ilegal" en el Ayuntamiento, caso de Rodríguez, sobre todo cuando conoció por la prensa otra denuncia interpuesta contra él por Luis Barcala, la que luego derivó en el caso Comercio. "Había que empezar por alguien", ha justificado.

No obstante, admite que se confundió porque "lo que era una medida justa se convirtió en un tema de venganza política". "Yo estoy aquí y ella sigue trabajando", ha lamentado. Es el argumento, que a la salida repetía su abogado, José Díaz.

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Por su parte, el exconcejal de Recursos Humanos, el también socialista Carlos Giménez, que ha declarado a continuación, ha ratificado que Echávarri le contactó por teléfono en esos días de Semana Santa de 2017 para que procediera a ese despido de forma "inmediata", pero que él estaba de vacaciones y que fue unos días después, a su vuelta, cuando comprobó que había "causa legal" y procedió al despido.

De hecho, tantos los dos técnicos que ejecutaron el despido, como la letrada del Ayuntamiento que también ha declarado, han confirmado que comprobaron que era un cese "de libro", porque Catalina Rodríguez ya no ejercía las funciones para las que había sido contratada. Eso sí, admiten que fue una "orden rotunda del alcalde", que no explicó la causa del despido cuando se le preguntó y que tenía mucha "urgencia" en firmar, aunque al estar tanto Giménez como el primer teniente de alcalde ausentes, no pudo llevarla a cabo, pues no era competente.

La Fiscalía pide para Echávarri una pena de 10 años de inhabilitación, tras considerar que el cese fue una represalia contra el entonces portavoz popular y actual alcalde, Luis Barcala, después de que este presentase una denuncia por el supuesto fraccionamiento de contratos menores que dio origen al 'caso Comercio'.

Tanto el 'caso Comercio' como la denuncia por el despido de la cuñada de Barcala empujaron a Echávarri a dimitir en abril de 2018 y el posterior pleno de investidura hizo alcalde a Barcala al no recabar el PSPV-PSOE el apoyo de la mayoría absoluta de la corporación.

Se da la circunstancia de que Echávarri ya ha sido juzgado y condenado en relación con la causa del 'caso Comercio' a una pena de ocho años y seis meses de inhabilitación, junto a dos de sus exasesores, Pedro de Gea y Eduardo Díez.

En el caso de la cuñada del portavoz del PP, la defensa de Echávarri solicita su libre absolución al considerar que el despido fue legal, que no se adoptó ninguna resolución injusta y, en consecuencia, que no existió delito.

El juicio continuará mañana jueves con las comparecencias de nuevos testigos.