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Jueves, 27 de Febrero de 2020

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Comisiones Obreras denuncia en Navarra la adjudicación de contratos públicos a la baja

La diferencia media entre el precio de licitación y el de adjudicación supera el 18% en el último trimestre del año pasado

La secretaria general de la federación navarra, Pili Piñeiro y el secretario general confederal de la federación de Construcción y Servicios de CCOO, Vicente Sánchez, en la rueda de prensa sobre la contratación de las Administraciones Públicas.

La secretaria general de la federación navarra, Pili Piñeiro y el secretario general confederal de la federación de Construcción y Servicios de CCOO, Vicente Sánchez, en la rueda de prensa sobre la contratación de las Administraciones Públicas. / CADENA SER

En los tres últimos meses del pasado año, las distintas administraciones públicas en la Comunidad Foral -la estatal, la foral y la local- adjudicaron 13 contratos públicos para prestar distintos servicios y según el sindicato CCOO la reducción entre el precio de licitación de esos contratos y el precio de adjudicación fue del 18,3 % de media. El precio de licitación de esos contratos alcanzaba los dos millones y medio de euros pero finalmente se dejaron de gastar 331.000 euros: es una reducción del precio que se oferta inicialmente y lo que reciben las empresas.Y esa reducción puede ir en perjuicio de las condiciones laborales de los trabajadores que ejecutan esos contratos.

Comisiones Obreras presentó en Pamplona su "Observatorio sectorial de la contratación pública" con los datos de los contratos por Comunidades. Según Vicente Sánchez, secretario confederal de Construcción y Servicios, en los contratos expuestos en Navarra es la Administración General del Estado la que presenta unas mayores desviaciones a la baja en comparación con las administraciones foral y locales. Según Sánchez, las administraciones públicas se acogen a una ley del año 2015, conocida como 'ley de desindexación' que permite contratar a empresas sin tener en cuenta su comportamiento en anteriores contratos con otras administraciones públicas. Por ese motivo, Comisiones Obreras  reclama que se aplique la Ley de Contratos del Sector Público del año 2017, que pone el énfasis  en dar mayor peso a la calidad respecto al precio.

 

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