El movimiento feminista de València, a juicio por las multas del 8M

Valencia

El movimiento feminista de Valencia denuncia que está a punto de ir a juicio por las multas impuestas en las manifestaciones del 8 de marzo de 2018 y 2019. Un total de veinte sanciones, por presuntas faltas de orden público, unas multas amparadas en la "ley mordaza",

En total ascienden a 11.000 euros y en tres de los veinte casos ya se ha agotado la vía administrativa y se inicia la judicial. El movimiento feminista denuncia que, lejos de cumplir su compromiso de revisar las multas de la huelga de 2018, cuando llegó a la Delegación, Juan Carlos Fulgencio continuó con las mismas prácticas represivas de sus predecesores, ya que las sanciones se repitieron durante la huelga de 2019, cuando Fulgencio ya era delegado.

Las feministas recuerdan, además, que en el acuerdo del nuevo gobierno de coalición “progresista” PSOE-Podemos, figura el propósito de derogar la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza, bajo la cual se encuentran amparadas estas multas. La ley mordaza fue aprobada en solitario por el Partido Popular a 2015, y en el momento de su promulgación fue fuertemente criticada por los partidos de la oposición, incluyendo el PSOE, por su carácter antidemocrático. Sin embargo, en todo el tiempo que ha estado en el gobierno, el PSOE no ha hecho nada para cambiarla y, como sus predecesores, ha continuado utilizándola como herramienta de represión política hacia los movimientos feministas autónomos. 

El movimiento feminista de València denuncia la injusticia de estas multas y anuncia que continuará haciendo frente a la represión política de forma unitaria hasta que todas sean retiradas