El gobierno rechaza el pin parental y estudia acciones legales por amenazas a encargadas de charlas

El gobierno rechaza el pin parental y estudia acciones legales por amenazas a encargadas de charlas
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Logroño
El Gobierno de La Rioja "desestima" la aplicación en la Comunidad del 'pin parental', que considera "improcedente". Al mismo tiempo, ha avanzado que se está estudiando la posibilidad de emprender acciones legales por las amenazas recibidas, especialmente este fin de semana, por dos sexólogas encargadas de impartir charlas en colegios de la región.
Así lo han expresado este lunes en rueda de prensa los consejeros de Educación, Luis Cacho, y de Participación y Cooperación, Raquel Romero, para quien este asunto es "una vergüenza nacional" que ha calificado como "un ataque a la libertad de educación", al tiempo que ha atribuido las amenazas "a la extrema derecha".
"Es una polémica estéril", ha recalcado por su parte Cacho, quien ha insistido en que "entra dentro de la estrategia de la confusión política y las fake news". En sus palabras, esta polémica "facilita el discurso del odio" y que, además, "vulnera" la Constitución, la Ley de Educación y los "derechos fundamentales" a la educación "en libertad" y a la información".
Partidos políticos
El PSOE presentará iniciativas en el Parlamento y ayuntamientos de La Rioja para garantizar la libertad de enseñanza y rechazar el veto parental. La diputada regional, Teresa Villuendas, ha defendido un modelo de escuela que educa a los alumnos para favorecer la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, prevenir la violencia de género, evitar las desigualdades y erradicar el racismo y la xenofobia en las aulas, además de dotar a los escolares de sentido crítico y constructivo.
Por su parte el Partido Popular ha dicho que hoy no toca hablar del Pin Parental. Según el portavoz del grupo parlamentario del PP son fuegos de artificio y un claro ejemplo de cómo hace política el partido socialista.
Y mientras Ciudadanos señala que no consideran que el pin parental sea necesario en nuestra comunidad. Pablo Baena, el portavoz autonómico, afirma que las familias tienen derecho a decidir en la educación de sus hijos, pero que los niños tienen derecho a ser educados en valores democráticos.




