Semana decisiva par la limpieza de los suelos radiactivos de Palomares

Fue un 17 de enero de 1966 cuando la pedanía de Palomares, en Cuevas del Almanzora, fue víctima de la colisión de dos aeronaves de la Fuerza Aérea de Estados Unidas, lo que provocó la caída de hasta cuatro bombas termonucleares.

El incidente aún está presente en la actualidad informativa 54 años después y que esta semana puede verse ‘cerrado’ con la decisión que tome la Audiencia Nacional acerca de si procede o no obligar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a que fije un plazo para ejecutar el Plan de Rehabilitación que para estos terrenos se aprobó en 2010. La Sección Séptima de la sala de lo Contencioso-administrativo deberá, asimismo, pronunciarse sobre el traslado entre 2011 y 2016 de casi seis toneladas de material radioactivo a la zona que Ecologistas en Acción sostiene se hizo de forma “irregular”, mientras que la Abogacía del Estado mantiene que se llevó a cabo “de acuerdo” con la normativa y defiende que no se han usado las 40 hectáreas de terreno en la zona que están bajo vigilancia por contaminación “como almacenamiento de residuos radiactivo”.

La providencia que señala el 21 de enero como fecha para la votación y fallo designa como ponente al magistrado Luis Helmuth Moya Meyer. De este modo, Ecologistas en Acción impulsó este proceso para instar a la Audiencia Nacional a que obligase al CSN a fijar plazo para la limpieza de Palomares de acuerdo con los criterios radiológicos aprobados por regular atómico el 5 de mayo de 2010.

Posteriormente, y tras hacerse públicos los traslados, solicitó que en la limpieza se incluyesen los materiales radiactivos “almacenados en contenedores de mercancías y en el centro del núcleo urbano”.

Sobre el primer punto, precisa que la limpieza debe realizarse de acuerdo a lo aprobado en mayo de 2010 ya que considera que el CSN, en sesión celebrada el 22 de julio de 2015, “modificó los criterios radiológicos a aplicar en Palomares y redujo la cantidad de tierra a tratar y tamizar de 50.000 metros cúbicos a 28.000 metros cúbicos aproximadamente”.

Después, firmó el acuerdo con EEUU para el traslado y almacenamiento de los residuos generados y que el país norteamericano habría condicionado la rúbrica a estos cambios “por motivos políticos, sin base científica”.

La Abogacía del Estado reconoce que el volumen de tierra contaminada con radiactividad a limpiar ha variado con respecto a lo previsto en el plan de rehabilitación aprobado en 2010 para la zona, pero ha negado que esto se deba a una modificación de los criterios radiológicos.

Por otro lado, la Abogacía del Estado afirma que “no” existe un plan de rehabilitación para la zona y que el CSN “no tiene competencias para ejecutarlo”. Asimismo, en su escrito de conclusiones, donde defiende que no ha habido “inacción” de la administración en este caso.