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Sábado, 22 de Febrero de 2020

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Lanero niega el desvío de fondos de formación tras el auto de procesamiento contra UGT Asturias

El secretario general del sindicato sostiene que la Guardia Civil no encontró ninguna ilegalidad en el registro a la sede de Oviedo y habla de "problema administrativo"

El registro en la sede de UGT Asturias en Oviedo se produjo por sorpresa el 17 de enero de 2017.

El registro en la sede de UGT Asturias en Oviedo se produjo por sorpresa el 17 de enero de 2017. / Radio Asturias

La jueza del caso de los fondos de formación de UGT Asturias aprecia indicios de fraude de subvenciones y en consecuencia ha ordena el procesamiento de los principales acusados. En  ese escenario la actual dirección del sindicato espera con impaciencia la celebración del juicio para poder defenderse. Y es que la magistrada María Luisa Llaneza ha ordenado la continuidad de las diligencias también contra la persona jurídica de UGT por el mismo delito.

Ante el auto de procesamiento, el actual secretario general, Javier Fernández Lanero, insiste en defender la correcta gestión de las subvenciones que recibió la organización y su Fundación IFES para impartir cursos formativos, y que según el auto de la jueza se desviaron para la obtención de un beneficio económico que revertiría en la propia organización. El auto ordena el procesamiento de seis ex altos cargos y técnicos de la UGT, incluyendo el que fuera secretario general Justo Rodríguez Braga, su ex secretaria de Administración, Mónica Menéndez, el secretario de Formación hasta 2019 Manuel Díez Cancio y la administradora de las sociedades Localmur y Formación 2020, María Jesús Ocaña. También para dos técnicos del sindicato, Alberto González Castaño y Silvia Sariego.

Quien hoy está al frente de UGT, Javier Lanero, se muestra convencido de que la imputación al sindicato no se sostiene y lo circunscribe a la interpretación que hace la Fiscalía de las justificaciones contables aportadas por la organización. "Es un problema administrativo", concluye Lanero después de asegurar que durante el registro a la sede del sindicato en enero de 2017 nadie ha concluido que hubiera "desvíos, ni fondos, ni dinero, ni nada".

La jueza aprecia otra cosa, indicios de un delito de fraude que cifra en casi 1,5 millones de euros.

El auto afina a la hora de designar a los supuestos responsables del delito y decreta el sobreseimiento provisional con relación a dos de las personas hasta hora investigadas, Carmen Caballero y Daniel Rodríguez.

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