La devolución del Pazo de Meirás irá a juicio el 6 de julio al cerrarse sin acuerdo la vista previa
La vista previa se ha celebrado en el Juzgado de Primera Instancia Número 1 de A Coruña en medio de gran expectación mediática
Vista previa al juicio por el Pazo de Meirás / Isabel Bravo
A Coruña
La vista previa entre el Estado y la familia Franco por la devolución del Pazo de Meirás al patrimonio público se ha cerrado sin acuerdo y el caso irá a juicio el 6 de julio. Un jucio técnicamente muy complicado, según admiten todas las partes.
La Abogacía del Estado mantiene que la compra venta del 41 fue ilegal, fraudulenta y simulada, que la entrega del Pazo fue al Jefe del Estado como tal y que la pretensión de los herederos del dictador de seguir con la propiedad no puede prosperar dada la finalidad pública del Pazo. Argumentos claves para Javier Suárez, letrado que defiende a la administración estatal. "La adquisición del Pazo de Meirás fue realizada para un fin público, que sirvió como residencia estival del Jefe del Estado, y que la entrega al Jefe del Estado se hizo por su vertiente institucional y no como persona física", defiende Suárez.
La vista previa se ha celebrado en el Juzgado de Primera Instancia Número 1 de A Coruña en medio de gran expectación mediática. No ha habido sorpresas y las dos partes en litigio no han variado ni un ápice sus tesis sobre la propiedad del Pazo de Meirás.
El Pazo debe ser devuelto al Patrimonio Público, en opinión de la Abogacía del Estado, porque se trató de un proceso coercitivo en el que la ciudadanía tuvo que realizar aportaciones económicas, a instancias de las administraciones públicas, para comprar el Pazo y entregárselo a Franco.
El abogado de los herederos del dictador sostiene que todo fue legal, que no se trató de una donación inmobiliaria, añadiendo que el Pazo también era para disfrute privado de Franco y su familia y que por eso se ocuparon de las mejoras y reformas del inmueble. Y además considera "irrelevante" en este proceso que las aportaciones del pueblo fueran forzadas. A la demanda interpuesta por el Estado se han sumado la Xunta y los Concellos de Sada y de A Coruña -la incorporación de éste ha sido admitida recientemente por el juzgado-. La Jueza de Primera Instancia Número 1 ha admitido las alegaciones del Letrado del Estado para tratar de demostrar que la adquisición del Pazo fue para un fin público y que, en consecuencia, eso es determinante para que sea devuelto al patrimonio público. No ha sido tenienda en cuenta por la magistrada la relativa a la documentación que hubo aportaciones económicas por parte de otras instituciones, además de la ya probada por parte del Concello de A Coruña
¿Cómo se vivió desde el exterior?
El alcalde de Sada, Benito Portela, ha expresado su confianza en que el proceso judicial culmine con la devolución del Pazo. "O que esperamos todos os demócratas é que se recupere a dignidade, que o Pazo pase a ser de unha vez do Patrimonio público. Parece que vai ser un proceso longo, nós loitaremos pola dignidade da poboación", sentencia el regidor sadense.
En la misma línea se ha expresado el concejal de Cultura de A Coruña, Jesús Celemín. "Es el primer paso para la recuperación del Pazo de Meirás", explica el concejal de cultura. "El Concello de A Coruña se persona también, y vamos a continuar hasta que se recupere el Pazo para Galicia", añade.
Para los representantes municipales éste es un día muy importante para la dignidad de la democracia de todo el Estado.
Bien de interés cultural
El Pazo de Meirás, en manos de los herederos de Francisco Franco, fue declarado bien de interés cultural (BIC) por el gobierno gallego bipartito -PSdeG y BNG- en 2008. Nueve años más tarde, en 2017, el Parlamento gallego encomendó la creación de una comisión de expertos para estudiar su posible reincorporación al patrimonio público.
En 2018, la Cámara gallega recibió el dictamen de este órgano y aprobó por unanimidad instar al Ejecutivo central a realizar las gestiones legales oportunas para recuperar el pazo.
Un año después, el Gobierno central, a través de la Abogacía del Estado, presentó una demanda contra la familia heredera del dictador Francisco Franco en los juzgados da Coruña para reclamar la devolución del Pazo de Meirás.
La Abogacía del Estado se basa en un documento datado del 3 de agosto de 1938 desconocido hasta ahora, firmado ante notario en el despacho del gobernador civil de A Coruña.
En el texto se confirmaría que el contrato de venta, suscrito tres años después, a Franco fue "fraudulento", porque el inmueble ya era residencia de la Jefatura del Estado tras su adquisición por cuestación popular. En la causa también está personada la Xunta y los Ayuntamientos de A Coruña y Sada.
