Sociedad

Martín asegura que el Gobierno trabajará para aprobar una ley integral contra la explotación sexual

La delegada del Gobierno en Castilla y León ha participado en la presentación del informe 'La otra cara de la trata' en Ávila

Martín atiende a los medios en Ävila. Delegación del Gobierno en Castilla y León

Ávila

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Mercedes Martín, ha llamado la atención sobre de la necesidad de acabar con la explotación de las mujeres en todas sus formas y ha destacado la intención del Gobierno en aprobar una ley integral contra la explotación sexual.

El Gobierno "va a trabajar para elaborar una ley integral que erradique la trata y la explotación sexual de las mujeres y que incluya medidas para la persecución de estas mafias y también de oportunidades y rehabilitación para las mujeres víctimas de estos delitos", ha manifestado en la jornada de Accem 'La otra cara de la trata'.

Según ha explicado, para el Gobierno es "una prioridad acabar con esta esclavitud del siglo XXI, que es la trata de mujeres para su explotación sexual, pero también para otras formas de trata igual de crueles". Mercedes Martín se ha referido a "explotación laboral, matrimonios forzados, forzarles a cometer delitos, hurtos, robos, tráfico de drogas, la mendicidad..."

Para ello ha dicho que se necesita la "colaboración e implicación de todas las Administraciones públicas y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, así como de los servicios sociales y del tercer sector".

La delegada ha citado datos de la ONU para indicar que cerca de cuatro millones de personas son víctimas de algún tipo de esclavitud, de las que el 65 por ciento son mujeres y niñas.

"Perseguir a las mafias que ganan dinero a consta de esa vida cruel de cientos y miles de mujeres y niñas" es un objetivo de un fenómeno del que no se saben los datos concretos, según la responsable del programa de Trata de Personas de Accem, Teresa de Gasperis.

Los datos que se conocen "solo representan la punta del iceberg", aparte de que muchas víctimas no se reconocen como tal. "Son mujeres que han sufrido graves violaciones de sus derechos, agresiones y manipulación por parte de los tratantes o amenazas, tanto personales como a sus familias en sus países de origen, que suelen desconfiar de las autoridades y de las organizaciones no gubernamentales", ha explicado.

 
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