Torres Hurtado dice ante el juez que 'jamás' estuvo en una mesa de contratación

Granada

El exalcalde de Granada por el PP José Torres Hurtado ha negado, en su declaración como acusado en el juicio que ha comenzado este lunes por el llamado caso Serrallo, que interviniera en la supuesta construcción irregular de una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje con bar, en una zona verde junto a un centro comercial, en la que solo se podría haber creado un parque infantil, y ha explicado que "no tenía ni idea" de este tipo de proyectos urbanísticos de envergadura.

Su declaración ha tenido lugar pasado el mediodía, tras las cuestiones previas con las que ha dado inicio, a las 10,10 horas, este juicio, en la sala Antonio Ángulo habilitada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, en el edificio judicial de Caleta de la capital granadina para este tipo de macrocausas.

Torres Hurtado ha explicado, en presencia de nueve de sus antiguos ediles, ninguno de ellos concejales ya en el Ayuntamiento, así como otros altos cargos del Consistorio, que, en el área de Urbanismo y el resto, tenía las competencias delegadas, y solo tenía conocimiento y seguía los proyectos de obras de calles o menores "del tinglado municipal", pero no de los referentes a "grandes reformas y transformaciones".

Para estos últimos, tenía "plena confianza" en su edil de Urbanismo, Isabel Nieto, en esa etapa, ella también acusada en este proceso. "Jamás" estuvo en una mesa de contratación, entre otras cuestiones, porque "no entiendo ni quería entender", ha agregado el exregidor granadino, que solo ha contestado a las preguntas de su abogado defensor, rehusando hacerlo a las de Fiscalía o el resto de partes.

La Sección Segunda de la Audiencia ha reservado dos meses para este juicio, desde el 3 de febrero al 2 de abril de 2020, en los que serán juzgados un total de 17 personas en relación a este caso.

La Fiscalía ha solicitado en este caso ocho años de prisión, multas de 522.000 euros y 36 años y medio de inhabilitación para el exalcalde y la exconcejal de Urbanismo.

El exregidor está acusado de delitos contra la ordenación del territorio, fraude en la contratación, prevaricación común, prevaricación urbanística, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Nieto, que no se ha sentado en el banquillo con el resto de procesados, sino que lo ha hecho como letrada en la bancada de los abogados "en defensa propia", es juzgada por los mismos delitos que el exalcalde, aunque sumando uno más de falsedad en documento oficial.

José Torres Hurtado se ha ratificado en su declaración en el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que ha investigado el caso, señalando que, al principio del mandato municipal, delegaba las competencias de las áreas, y que el concejal del ramo "llevaba todo el peso" de las actuaciones correspondientes.

Para los expedientes, ponía como "exigencia" que llegaran con los informes favorables de los técnicos tanto a Junta de Gobierno Local como a Pleno, y, "si no, no pasaban", y no influía en los nombramientos del personal de confianza de los ediles, a los que no revocó, en el caso de Urbanismo, sus competencias en ningún momento, ni a Nieto, ni a su antecesor, Luis Gerardo García Royo, que declarará en el juicio como testigo.

A la Junta de Gobierno Local, llegaban estos expedientes, que podían ser revisados dos días antes por los concejales que habían de aprobarlos, y se invitaba también a la oposición a que pudieran asistir, ha precisado Torres Hurtado, siempre a preguntas de su letrado. Los puntos "siempre" se aprobaban por unanimidad.

Sobre el caso concreto de la obra supuestamente irregular en el entorno del centro comercial Serrallo, "no tenía conocimiento para saber si estaba bien hecho o mal hecho", y "nunca" fue advertido de ninguna posible ilicitud, ha mantenido para negar, preguntado explícitamente sobre si participó en un "contubernio" con Nieto para sacar adelante el proyecto, que no lo hubo, y que se enteró de la modificación en el Pleno, en el transcurso del debate sobre el mismo.

Ha reconocido tres encuentros con el promotor acusado, Roberto García Arrabal, el primero en una visita de obras que el empresario "tenía que hacer" en el entorno del Serrallo, y una segunda, a petición del empresario, al que ha dicho que conocía por su participación en asociaciones empresariales de Granada, en que lo remitió a la concejal. Una tercera reunión fue acerca de un proyecto de un edificio de 20 plantas en la zona del Fórum, y que rechazó, a las puertas de las elecciones municipales de 2011.

En la causa están personados el Ayuntamiento de Granada, ahora gobernado por el PP y Cs, si bien el tribunal le ha dado 24 horas para que certifique su personación, así como el grupo político Vox, un particular, General de Galerías Comerciales S.A., el empresario Abel Pizarro y Sky Club Serrallo Plaza S.L.

Para las cuestiones previas y declaraciones de los acusados se han señalado los días 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13 y 18 de febrero. La prueba testifical, para la que se ha citado a más de 30 personas, comenzará el 19 de febrero y proseguirá durante varias sesiones. Le seguirá la prueba pericial. Para la prueba documental, informes de las partes y última palabra de los acusados se señalan los días 26 y 31 de marzo, 1 y 2 de abril.

La declaración de Torres Hurtado se ha prolongado durante más de media hora, y tras la misma, el tribunal ha suspendido la sesión hasta este martes, cuando tiene previsto finalizar con las cuestiones previas, y seguir tomando declaración a los acusados, comenzando por la exedil granadina de Urbanismo.

Acusación particular

El tribunal que enjuicia al exalcalde de Granada José Torres Hurtado (PP), y nueve de sus ediles, ninguno de ellos concejales ya en el Ayuntamiento, así como a otros altos cargos municipales, por el llamado caso Serrallo, ha dado al Ayuntamiento de la capital, hoy gobernado por esta formación en coalición con Ciudadanos, 24 horas para que certifique su personación, y así decidir si puede ser acusación particular en el juicio, que ha comenzado este lunes y se prolongará previsiblemente hasta principios de abril.

El presidente del tribunal, José María Sánchez, ha pedido, a raíz de una de las cuestiones previas planteadas por la defensa del promotor Roberto García Arrabal, también acusado, que el Ayuntamiento aporte documento de si se dio cuenta al Pleno y fue ratificado en el mismo un decreto del entonces alcalde socialista de la ciudad, Francisco Cuenca, el 5 de julio de 2016, en que se resolvía personar al Consistorio como "perjudicado".

Se apuntaba, ha proseguido el magistrado, a que ello sería trasladado a la asesoría jurídica municipal "para su cumplimiento" y que se daría cuenta, a su vez, al Pleno, todo ello en base a un poder firmado en marzo de 2004 por Torres Hurtado, antecesor en el cargo de Cuenca, y que figuraría, en ese sentido, como acusador de sí mismo y los 16 procesados restantes.

Es una cuestión "de forma y de fondo" para la que el tribunal ha dado 24 horas a la representante legal del Ayuntamiento en el juicio, que se celebra desde este lunes en el complejo judicial de Caleta, tras preguntarle al respecto, y aducir la misma que el letrado que llevó el asunto "debería haber aportado" el documento.

En la sala Antonio Ángulo, habilitada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial para esta macrocausa, las partes han expuesto en la mañana de este lunes, a partir de las 10,10 horas, cuando ha comenzado el juicio, buena parte de sus cuestiones previas.

Se enjuicia la supuesta construcción irregular de una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje con bar, en una zona verde junto al Centro Comercial Serrallo Plaza, en la que solo se podría haber creado un parque infantil.

Tras retirar Vox su acusación particular por supuesta malversación, el tribunal ha señalado que ello implicará el levantamiento del embargo de bienes para los concejales afectados, y que habían de hacer frente a una fianza previa total de unos tres millones de euros.

Igualmente, el tema, que podrá ser notificado por sus abogados defensores al Juzgado de Instrucción para la ejecución de la medida, está pendiente de si el Ayuntamiento seguirá siendo acusación particular en el proceso, al pedir también responsabilidad civil.

El magistrado que preside el tribunal ha adelantado ya que el criterio de la sala puede pasar por que el Ayuntamiento pueda estar en el proceso precisamente como supuesto responsable civil subsidiario. "Otra cosa es que esté cómodo", ha agregado, tras un receso en que ha deliberado, al mediodía, sobre esta cuestión.

Ni la Fiscalía, que no se ha opuesto a que el Ayuntamiento pueda dejar de ser acusación particular si no certifica el proceso formal de su personación correctamente, ni el propio Consistorio, acusan a los concejales que no tenían competencias en Urbanismo --todos los que se sientan en el banquillo menos Isabel Nieto.

Prevaricación urbanística

Son Telesfora Ruiz, Fernando Egea, Juan Antonio Fuentes, Francisco Ledesma, María Francés, Juan García Montero, Juan Antonio Mérida y Vicente Aguilera, y todos ellos han sido procesados como presuntos autores de un delito de prevaricación urbanística.

En las cuestiones previas, también ha quedado estipulado que tanto un funcionario denunciante como un empresario supuestamente afectado por la operación que se juzga, personados inicialmente como acusaciones particulares, pasen a ejercer la acción popular, tras preguntar el tribunal "qué perjuicio material" habían padecido en el caso.

El exregidor está acusado de delitos contra la ordenación del territorio, fraude en la contratación, prevaricación común, prevaricación urbanística, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Nieto es juzgada por los mismos delitos que el exalcalde, aunque sumando uno más de falsedad en documento oficial.

En declaraciones a los periodistas antes del inicio del juicio, el abogado de los exconcejales Telesfora Ruiz, María Francés y Juan Antonio Fuentes, Mariano Vargas, ha asegurado que ellos se enfrentan "una acusación política", anunciando que va a pedir que sus defendidos sean apartados al comienzo de la vista, algo que no ha sido aceptado por la sala.

"Estos políticos tomaron sus decisiones base a informes técnicos. No he visto una sola sentencia condenatoria por prevaricación a un político que vota con informes favorables y desde esa tranquilidad proclamaremos la inocencia de nuestros patrocinados, como es lógico", ha asegurado Vargas.

Fue el pasado mayo cuando el Juzgado de Instrucción 2 de Granada decretó la apertura de juicio oral contra un total de 17 personas por este caso, incluyendo a los ediles del PP que apoyaron, el 26 de julio de 2012, en una Junta de Gobierno Local el cambio de uso de los terrenos, alterando con ello supuestamente los establecidos en el Plan General.