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El propietario de una vivienda denunciará al Ayuntamiento por una declaración de ruina anulada

El abogado del denunciante cree que puede haber prevaricación y malversación

Plaza Santa María / Google Maps

Burgos

El propietario de una vivienda en el último piso del número 8 de la Plaza de Santa María, frente a la Catedral, estudia denunciar a los responsables municipales de la declaración de ruina del tejado del edificio, que considera que podría suponer delitos de prevaricación y malversación, ha informado a Radio Castilla-Cadena SER Burgos su abogado, José María Castilla. En su opinión, habría un claro responsable, que sería el técnico que firmó el informe de declaración de ruina, pero también quienes tomaron parte en la decisión.

Dos sentencias de lo contencioso-administrativo rechazan el derribo del tejado de ese edificio que el Ayuntamiento llegó a proyectar y la propia declaración de ruina, una decisión que la sentencia tilda de arbitraria y excesiva.

La primera sentencia, notificada en noviembre del año pasado, anula la resolución de marzo de 2018, aún con el anterior gobierno municipal, que acordó la ejecución subsidiaria del derribo.

Más grave, según el letrado, es la sentencia más reciente, notificada el pasado 4 de febrero. En este caso, anula la propia declaración de ruina del inmueble. En la sentencia se señala que esa declaración se basa en un informe de los servicios de extinción del Ayuntamiento de noviembre de 2017, también con el anterior gobierno municipal. Lo curioso, según la sentencia, es que ese informe solo aconsejaba la reparación de los aleros del edificio y el técnico que elaboró posteriormente el informe de ruina “se extralimitó, según la resolución judicial, al extender a toda la cubierta esa situación de ruina”, sin siquiera visitar físicamente el inmueble.

El abogado ha explicado que tras las dos sentencias de lo contencioso, el Ayuntamiento tendrá que devolver a los propietarios los más de 20.000 que les exigió por la redacción del proyecto de derribo y afrontar los daños derivados de no poder usar la última planta del inmueble, pagar andamios que han estado dos años instalados en la fachada y sufrir daños derivados del deterioro por falta de uso y entrada de agua en la última planta del edificio.

 
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