El Gobierno canario lamenta no haber respondido bien a la situación de Javier Cabrera: "son tiempos inhumanos"

Santa Cruz de Tenerife

Javier Cabrera hace sus necesidades en un cubo desde hace tres meses. En estas condiciones infrahumanas vive este tinerfeño dependiente en una residencia de El Sauzal que es la única especializada en la provincia de Santa Cruz de Tenerife –aunque suene irónico- para atender y adecuarse a las características de estas personas.

Según la Dirección General de Dependencia del Gobierno de Canarias, tan solo existen cuatro centros adjudicados por el Ejecutivo a empresas que durante la legislatura pasada “tres de ellos se mantuvieron en situación de nulidad, lo que significa que no existían contratos que respaldaran algunos gastos”, ha reconocido el actual responsable del área Miguel Montero.

En una entrevista en Hoy por Hoy Tenerife, el máximo responsable de la situación de en la Consejería de Derechos Sociales ha lamentado las condiciones que ha tenido que soportar durante estos meses a los que se añade el traslado a una habitación asignada como de Centro de Día y que supone compartir una cama con otra persona.

La denuncia surge de la plataforma Queremos Movernos presidida por Ana Mengíbar quien estos días se preguntaba cómo “el Gobierno autonómico no tiene una habitación adaptada para casos como el de Javier y la única respuesta sea que la obra está firmada pero los albañiles no aparecen”.

Este jueves Montero ha asegurado que la empresa contratada empezaría sus trabajos este mismo día después de haberse trasladado a Tenerife hasta en dos ocasiones para conocer la situación de Cabrera en persona.

No hay plazas

“Si se dieran circunstancias excepcionales, no existiría la posibilidad de trasladar a personas que residen en estos centros a otros en sus mismas condiciones. No existe una instalación similar en la provincia y tan solo hay otro centro de sus mismas características en Arucas”. Así de contundente fue Montero al ser preguntado por la posibilidad de realizar un traslado inmediato.

De hecho, el debate sobre el incremento de plazas dicen los colectivos que debe girar hacia el incremento de las ayudas para la promoción de la autonomía personal a pesar de la escasez y la demanda. Se trata de una fórmula para la que el Gobierno canario reconoce que no observa “un marco jurídico claro” y que, según sus cálculos, tan solo disfrutan, de momento, 7000 personas en España, 5000 de ellas concentradas únicamente en Gipuzkoa.