El despido de media plantilla de Servicios Sociales dispara las esperas para los más vulnerables

Alicante

Pasado un mes desde el despido de 67 trabajadores sociales del Ayuntamiento de Alicante, que no fueron renovados tras terminar su contrato, las consecuencias las están sufriendo los propios ciudadanos, sobre todo los colectivos más vulnerables.

Las primeras citas, solo para solicitar información se están dando para febrero del próximo 2021 en el Centro Social Gastón Castelló y para tramitar la Renta Valenciana de Inclusión, se ha pasado de los 7 u 8 meses de espera a casi un año.

Además, si el año pasado el retraso era de dos años para tramitar las solicitudes de dependencia, ahora ese tiempo ha aumentado. Solo hay una persona atendiendo las urgencias de la Ley de Dependencia, cuando antes eran tres.

El caso más preocupante es el de los menores, donde deben atenderse de forma urgente casos de absentismo o malnutrición, que están sufriendo retrasos para casos urgentes.

Desde Compromís, recuerdan que el compromiso de la Generalitat ya existe y que la partida económica para sustituir a los funcionarios no renovados está consignada y llegará en breve. De hecho, ayuntamientos de otras ciudades en una situación similar, como Valencia, han adelantado el dinero para no dejar de prestar el servicio en un área tan sensible, cosa que no está haciendo el de Alicante, lamentan.

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Por eso, el edil Rafa Mas lamenta la "falta de mirada" del equipo de gobierno, en particular de la edil responsable del área, Julia Llopis, a quien acusa de dejar sin atender a las personas más vulnerables, por su "guerra partidista" contra el gobierno del Botánic.

Para colmo, el hecho de que la plantilla haya quedado reducida en un 40%, obliga a que los funcionarios restantes tengan que atender las mismas o más solicitudes, con la consiguiente sobrecarga de trabajo, que está derivando en un aumento de bajas por ansiedad.

Recuerdan desde el grupo municipal que son ya cuatro las solicitudes que han hecho al área de Servicios Sociales para que reponga a este personal, sin que hasta la fecha Llopis les haya dado una respuesta.

"Un problema de la Generalitat"

Desde el Ayuntamiento reconocen que el servicio se está resintiendo, pero lo achacan a que la Generalitat no ha aprobado el nuevo contrato que deben aplicar, al haber expirado el anterior, y que tiene un coste de dos millones de euros.

Aseguran que el equipo de gobierno está "intentando ver las posibilidades de asumir ese gasto y detraer de otras partidas", pero que aún no han encontrado solución a un problema que la Generalitat, dicen, ha creado. Y añaden que la tramitación de expedientes aprobados "está bloqueada por la Generalitat por falta de fondos", algo que niega categóricamente el gobierno autonómico.

"Las partidas están consignadas"

La Conselleria de Políticas Inclusivas responde que durante los años del gobierno del PP los retrasos en los pagos llegaban a los dos años y nunca el Ayuntamiento de Alicante despidió a los funcionarios. No entienden, por tanto, estos despidos, ahora que el Consell del Botànic paga "prácticamente en tiempo", dicen. Inciden en que las partidas presupuestarias están consignadas y aseguran que todo el problema compete estrictamente al Ayuntamiento de Alicante.