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Viernes, 21 de Febrero de 2020

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9.040 canarios con reconocimiento de dependiente no tienen plaza en residencia ni personal que les atienda

La cifra la ha lanzado en la SER el director general de Dependencia del Gobierno de Canarias, Miguel Montero. Asegura que mientras avanzan en recortar la lista de espera, uno de los escollos que se encuentran a posteriori es que los dependientes no pueden hacer uso de la prestación por falta de personal o de plazas en residencias en determinados municipios

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En Canarias hay 9.040 personas que tienen resuelto su expediente de dependiente, pero que no pueden hacer uso de su prestación porque no hay plazas en las residencias de su municipio o no hay personal que les pueda atender. Es un dato alarmante que ha lanzado en la SER el director general de Dependencia de Gobierno de Canarias, Miguel Montero.

Además, Montero asegura que ahora mismo hay unos 25.000 canarios a la espera de su reconocimiento de grado. Una cifra que se ha incrementado en los últimos meses porque, según reconoce, a su llegada al Gobierno se encontraron 5.228 expedientes sin ser dados de alta. "Algunos de ellos están fechados a 2015, y eso por unos meses hará que la estadística aumente", denuncia.

Considera preocupante que a estas solicitudes de hace más de cuatro años no se les haya dado prioridad porque estas personas han podido empeorar en este tiempo, apostilla Montero.  "Son situaciones disparatadas que hablan de falta de equidad en el acceso al sistema bajo unos criterios que ni si quiera eran técnicos", puntualiza Montero.

Canarias sigue a la cabeza en el tiempo de resolución de estos expedientes dependencia. Más de dos años, según el IMSERSO, tarda la consejería en resolverlos.  El director general de Dependencia del Gobierno de Canarias avanza que ya trabajan "intensamente" en mejorar las cifras con la incorporación de un sistema "que permitirá a los Cabildos y Ayuntamientos trabajar en red para agilizar los trámites administrativos".

En cuanto a la falta de plazas en residencias y centros de día, Montero añade que esta carencia se extiende también a las instalaciones privadas. Asevera que hay un déficit de, al menos, 2.000 plazas, pero que la falta de suelo, tal y como alegan los Ayuntamientos, impide su construcción. "El Plan de Infraestructuras Sociosanitarias, que lleva ya un año de retraso, prevé 5.400 plazas y la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales establece que nos harían falta 7.400", insiste. Por ello, lamenta que tampoco haya iniciativa privada invirtiendo en el sector.


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