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Sábado, 29 de Febrero de 2020

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Lastra pone a HUNOSA como ejemplo de la transición que no dejará atras a Asturias

La vicesecretaria del PSOE elogió el proyecto del estatuto electrointensivo, del que dice que garantiza el empleo y la modernización de la industria asturiana

Lastra y Alperi durante el acto de esta mañana

Lastra y Alperi durante el acto de esta mañana / FSA-PSOE

"Vale más que tres ministras", dijo de ella la delegada del gobierno en Asturias, Delia Losa. Se refería a la vicesecretaria general del PSOE y portavoz en el congreso de los socialistas, Adriana Lastra, a quienes sus compañeros de partido han convertido en la gran valedora de los intereses de Asturias ante el presidente Pedro Sánchez. Este lunes se ha metido en el papel, y ella misma ha garantizado que esa transición energética que tantas incertidumbres  ha generado en su tierra, no dejará a Asturias atrás.

Lastra, protagonista del foro organizado semanalmente por Nueva Economía en Madrid, se ha referido  en su intervención d a los planes de transición energética y se ha convertido en valedora del compromiso del gobierno de España de que ese proceso será justo con las comarcas afectadas. Y ha puesto un ejemplo de lo que significa la transición justa: el cambio de modelo en el buque insignia de la minería española, HUNOSA. Unos minutos antes había sido presentado ante el público por el secretario general del SOMA, José Luis Alperi –todo un síntoma-.

A Lastra la escuchaban, además del presidente del Principado, Adrián Barbón, dos ministras, la de Transición Ecológica, Teresa Ribera y la de Industria, Reyes Maroto, cuyo departamento ya ha ultimado el reglamento del esperadísimo estatuto del consumidor electrointensivo, la prometida regulación específica que ha de moderar el precio de la electricidad para la gran industria. Unas horas antes de que el equipo de Industria presentara los detalles a los sindicatos y las empresas grandes consumidores de energía, la vicesecretaria del PSOE ya anticipaba que estamos ante un "buen estatuto" que ya tiene el visto bueno de la Bruselas y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. En su opinión se garantiza de este modo el empleo en las empresas afectadas y el futuro de una industria a la que se abre la puerta de la modernización.

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