La Fiscalía también pide la confirmación de la sentencia contra los exjugadores de la Arandina
El Ministerio público impugna las alegaciones de las defensas al fallo de la Audiencia Provincial como ya hicieron el resto de las acusaciones
Insiste en la validez del testimonio de la víctima como prueba principal, incide en la ausencia de consentimiento para la realización de los actos que se consideran probados y subraya la existencia de un plan preconcebido para cometerlos
Aranda de Duero
La fiscalía pide al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que confirme la condena por varias agresiones sexuales a una menor que impuso la Audiencia Provincial de Burgos a los tres exjugadores de la Arandina procesados en esta causa. El Ministerio Público se suma al resto de las acusaciones del caso e impugna los recursos que presentaron las defensas en los que piden al TSJ la absolución de los tres jóvenes.
Bien al contrario la fiscalía pide que se confirmen todos los extremos de la sentencia de la Audiencia Provincial, con cuyos argumentos se alinea subrayando de forma especial algunos de sus extremos. Especialmente se detiene en las razones por las que considera que el testimonio del victima cumple los requisitos que marca la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia para tener valor como prueba principal del caso: no aprecia móviles espúrios, asegura que su relato es creíble persistente, porque mantiene la misma versión en cuanto a la existencia y tipo de actos de naturaleza sexual, aunque a su familia la manifestara situación traumática que sufrió mientras que fuera de su círculo más íntimo lo cuenta como si se hubieran realizado de forma voluntaria. La fiscalía se defiende en este punto la explicación de los peritos del Equipo Psicosocial, “de cuya profesionalidad y objetividad no se puede dudar”, asegura, frente a las críticas de la defensa que ponía en duda su actuación. Por el contrario no considera creíble la declaración exculpatoria del único testigo presente en la casa durante los hechos, por su tardanza en comparecer en el caso pese a saber la importancia de su testimonio.
La fiscalía insiste en que los tres condenados tenían un plan preconcebido para llevar a cabo los hechos delictivos, apelando a las conversaciones mantenidas días antes con otros jugadores por redes sociales y con la propia víctima en las que se mencionan prácticas sexuales similares a las denunciadas. Por eso coincide con la Audiencia Provincial en la existencia de intimidación ambiental, porque “la simple presencia de varios individuos concertados para llevar a cabo el ataque contra la libertad sexual conlleva en sí mismo un fuerte componente intimidatorio” recordando que en estos casos disminuye la capacidad de oposición de la víctima, cuya resistencia considera innecesaria.
De hecho otro de los argumentos en los que incide la fiscalía es en que no existió consentimiento de la menor a los actos sexuales por los que han sido condenados los jóvenes, por lo que no cabe ni siquiera plantearse si existe un nivel similar de edad o madurez para exculparles de los delitos, como sí ocurrió, por el contrario, con la relación sexual consentida que mantuvo minutos después con uno de ellos.
En este momento, una vez cursada la petición de la Fiscalía, todas las partes personadas en el proceso han presentado sus recursos y alegaciones al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que será la segunda instancia judicial que tendrá que pronunciarse sobre esta cuestión.