Martes, 20 de Octubre de 2020

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Estatuto Electrointensivas

B.Feito (FADE): "Las medidas que anuncia el Estatuto de la Industria Electrointensiva no son suficientes"

El consejero de Industria, Enrique Fernández, dice que cumple los objetivos de "dar estabilidad a la tarifa eléctrica y mejorar la competitividad"

Arcelor es uno de los principales consumidores electrointensivos de Asturias, junto a AZSA o Aluibérica

Arcelor es uno de los principales consumidores electrointensivos de Asturias, junto a AZSA o Aluibérica / Cadena SER

Se habían generado tantas expectativas que algunos ya venían advirtiendo de que el resultado podía ser decepcionante. Y esa es la impresión que queda tras conocer el trazo grueso del estatuto con el que se pretende que la tarifa eléctrica para la gran industria sea competitiva con respecto a la que se paga en Francia, en Alemania o incluso en China. El gobierno del Principado cree que en principio se cumplen los objetivos principales, pero no descarta presentar alegaciones en el período de información pública si las empresas lo consideran conveniente. Y parece que las empresas lo estiman conveniente. El presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Belarmino Feito, ya ha dicho esta mañana que el estatuto de las electrointensivas se queda corto. "Todo apunta a que estas medidas que anuncia, en principio, el estatuto no serán suficiente para corregir esa diferencia con otros competidores europeos y asiáticos", ha dicho Feito, que ha añadido que "en cualquier caso, se abre un periodo de información pública y alegaciones que esperemos que corrijan algunas cuestiones importantes porque lo que se perseguía era un precio competitivo y predecible pero si está sujeto a que haya presupuestos, que se aprueben en 2020 las empresas estarán a espensas de las negociaciones políticas, y el mercado no entiende de eso".

El gobierno asturiano considera que el Estatuto de las Empresas Electrointensivas cumple con los dos principales objetivos: dar estabilidad a la tarifa y mejorar la competitividad de la gran industria. No obstante, el consejero de Industria, Enrique Fernández, no descarta presentar alegaciones, dependiendo de lo que le planteen las empresas concernidas, con las que prevé reunirse en los próximos días.

Sostiene que el Estatuto que dio a conocer el Ministerio de Transición Ecológica, responde a las necesidades de las empresas electrointensivas, teniendo en cuenta las limitaciones que suponen las observaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la prohibición a las ayudas de Estado por parte de la Comisión Europea y lo que aconseja la salud financiera del sistema eléctrico español.

Teniendo en cuenta esas coordenadas, Enrique Fernández dice que el documento "cumple con los dos principales objetivos, mejorar la estabilidad de las empresas que tienen en el suministro eléctrico una fuente importante de sus costes y mejorar también la competitividad de manera que no estén excesivamente penalizadas respecto a otros países competidores de la Unión Europea (UE)"

No obstante, el Gobierno asturiano podría presentar alegaciones. Para ello, está pendiente de dos cosas: una lectura sosegada del documento conocido hace tan solo unas horas y lo que opinen las empresas. Fernández dijo que "vamos a estudiar detenidamente, en colaboración con el sector electrointesivo asturiano, el texto que se nos plantea. En coordinación con las empresas, plantearemos las alegaciones oportunas, si es que procede. No podemos decir ya que vayamos a hacerlo porque no hemos visto el texto definitivo aún", precisó.

El Estatuto de las Empresas Electrointensivas beneficiará a 19 compañías en Asturias, a las que reducirá los costes energéticos. El documento fue presentado ayer por responsables del Ministerio de Transición Energética.

No llegará a abaratar los costes hasta los niveles de Francia o Alemania, pero sí reducirá la brecha entre un 25 y un 30 %, según las previsiones del Ministerio, que dice que es el mejor posible, dadas las limitaciones impuestas por las autoridades comunitarias.

El Estado podrá inyectar a las empresas hasta 260 millones de euros, mediante compensaciones por el coste de los derechos de emisión de CO 2, así como por compensaciones por financiar energías renovables o la cogeneración de alta eficiencia o la creación de un fondo de garantías y avales.

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