Castelló no puede anular la compra del material de la Sala de Emergencias de la Policía Local

Castelló

Un tribunal que depende del Ministerio de Hacienda resuelve que el Ayuntamiento de Castelló no puede anular la compra del material informático destinado a la Sala de Emergencias de la Policía Local, cuyo coste asciende a 600.000 euros.

Lo avanza Radio Castellón. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que depende del Ministerio de Hacienda, ha estimado el recurso presentado por la empresa Infoval contra la anulación del proceso de compra del software de la Sala de Emergencias de la Policía Local de Castelló. El tribunal responde de esta forma al informe de la Jefa de Sección de Patrimonio y Contratación del Ayuntamiento de Castelló, que avanzó esta emisora, y que desestimó la compra de este equipo informático, y la paralización del proceso, porque entiende que hubo una infracción no subsanable en la adjudicación.

El comienzo del proceso de adjudicación se remonta a principios de 2019. Cuando el consistorio adjudicó un contrato de 600.000 euros para la compra de nuevo material informático para la Sala de Emergencias a la empresa EUROCOP. Un proceso, que el propio Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales anuló el pasado verano, tras un recurso presentado por la otra empresa aspirante al contrato, Vinfoval. El tribunal entendió que el proceso debía ser anulado, porque se produjo un defecto de forma en el procedimiento de adjudicación.

Tras esta primera resolución, el consistorio paralizó la compra y finalmente, tras un informe interno puso fin al proceso de adjudicación, porque según un documento al que ha tenido acceso esta emisora, se produjo una infracción en el procedimiento de adjudicación, que no se puede corregir, y por lo tanto, según el texto se desestimaba el proceso de compra y por lo tanto las ofertas de ambas empresas.

Ahora, según ha avanzado Radio Castellón, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales advierte que el proceso no se debe paralizar e insta al Ayuntamiento de Castelló a levantar la suspensión del proceso. El propio tribunal es contundente, advierte que la decisión del consistorio de anular el proceso carece de causa jurídica. Además, el tribunal considera que el consistorio, en vez de cumplir con la ley, inicia una serie de actuaciones que son un procedimiento encubierto de la revisión de un acto administrativo, y que suponen un grosero incumplimiento de las normas que regulan la institución. También añade, que para mayor gravedad participa de forma activa la empresa que ya ha sido excluida del procedimiento por el propio tribunal.

Contra la resolución cabe la posibilidad de presentar un recurso Contencioso-Administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat.