El Ministerio apoya a los trabajadores de Sniace
La secretaria de Estado de Energía asegura que la actualización de las primas a la cogeneración es conocida por el sector, también por Sniace, y está totalmente avalada por la Unión Europea
Imagen de archivo de la planta de Sniace en Torrelavega / Europa Press (EUROPA PRESS)
Santander
La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, ha transmitido la "total solidaridad" del Gobierno a los trabajadores de Sniace, empresa que ha anunciado que solicitará la liquidación por no poder hacer frente a los compromisos de pago con sus acreedores.
Sniace ha adoptado esa decisión después de que Cogen Energía España haya dado por terminado el contrato de arrendamiento y explotación de la planta de Torrelavega.
Aagesen ha dicho que si el Gobierno no actualizara los parámetros retributivos a la cogeneración, se produciría una rentabilidad real superior al valor fijado por ley y eso no es compatible con la normativa.
Ha explicado que lo que ha hecho el Gobierno, con su propuesta de orden de retribución a las instalaciones de renovables, cogeneración y residuos para el periodo 2020-2025, es "dar respuesta con un marco estable y predecible", que asegura una rentabilidad razonable del 7,39 % hasta el final de su vida útil", a estas plantas.
Aagesen ha afirmado que la actualización que se ha hecho de los parámetros retributivos es acorde con la norma establecida en el año 2014, un real decreto por el que se reguló la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos.
La secretaria de Estado, que ha recordado que la revisión de los parámetros de retribución, que se fijan por periodos de seis años, tocaba hacerla ahora, ha afirmado que la regulación que se ha hecho está totalmente avalada por la Comisión Europa y dota de un "marco predecible y conocido" al sector.
Ha afirmado que si no se revisaran los parámetros, la rentabilidad real sería superior al valor que se fijó por ley "y, eso, no es compatible con la normativa".
Aagesen ha añadido que el ajuste de los parámetros se basa en la evolución de precios pasada y también en la que viene a futuro de los precios de combustible y de la electricidad, y puede ser tanto a la baja como al alza.
En este sentido, ha recordado que en 2017 el ajuste se hizo al alza y el sector percibió 216 millones para ajustar los precios de electricidad de ese momento, al tiempo que ha señalado que la propuesta de orden del Ministerio para la Transición Ecológica ha recogido una de las demandas del sector, que era la actualización de los precios del dióxido de carbono (CO2).
La revisión de la retribución de la cogeneración ha desatado las protestas de las asociaciones del sector, como Acogen, que ha señalado que, en el conjunto del periodo 2020-2025, la cogeneración verá recortada su retribución en un 43 %, unos 450 millones de euros.
Sin embargo, otras fuentes han señalado que, con las modificaciones introducidas en el trámite de audiencia, el ajuste se quedaría en unos 400 millones de euros frente a los 470 millones que podía haber supuesto.
Estas mismas fuentes han indicado que hay que tener en cuenta que el sector de la cogeneración obtuvo en el anterior periodo regulatorio, el 2017-2019, beneficios por encima de la rentabilidad razonable por la subida del precio de venta de la energía, lo que les proporcionó unos ingresos extra que se elevaron en total a 820 millones de euros.
La actualización de los parámetros retributivos para las renovables, cogeneración y residuos afectará al periodo regulatorio comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2025.
De no hacerse esa revisión, se mantendrían los que se han aplicado durante el periodo regulatorio precedente, lo que impediría ajustar su valor de acuerdo a la diferencia entre valores reales y previstos para determinados índices y cotizaciones, y ello supondría un incremento de los costes del sistema eléctrico.
Sniace ha argumentado que la rescisión anticipada por Cogen del acuerdo para la gestión de su planta de cogeneración ha hecho inviable su proyecto industrial y su presidenta, Gema Díaz Real, ha culpado este viernes de la liquidación de la sociedad "a una decisión política y quizá ideológica" del Gobierno de España.
