Afectados por los retrasos de la RVI consideran que hay un "boicot" por parte del Ayuntamiento de Alicante
Este próximo jueves 20 de febrero han convocado una concentración en la Plaza del Ayuntamiento de Alicante para protestar por el inacabable caos de la RVI
Alicante
Los afectados por los retrasos de la Renta Valenciana de Inclusión han vuelto a convocar una concentración la semana que viene contra el inacabable caos en el pago de esta ayuda. Consideran que la gestión de esta ley sigue sin mejorar.
La protesta será el próximo jueves 20 de febrero a las 11 de la mañana en la Plaza del Ayuntamiento y donde se darán cita afectados llegados de todos los puntos de la provincia.
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Recordamos que esta semana, Ayuntamiento de Alicante (el encargado de la gestión administrativa) y Conselleria (la encargada del pago) se culparon mutuamente de los continuos retrasos. La concejala de Acción Social, Julia Llopis, acusó a la Conselleria de tener bloqueados más de 1.140 expedientes mientras que desde Políticas Inclusivas aseguraron que el consistorio acumulaba más retrasos.
Fernando Patón, portavoz de Marea Roja, declara que en algunos ayuntamientos como el de Alicante hay un cierto "boicot" a la renta y critica que se pongan más "palos en la rueda". Añade que Llopis miente porque muchos expedientes llegan a la Generalitat a los 10 u 11 meses. A pesar de ello, siguen responsabilizando a la Conselleria de esta situación por transferir la gestión a los municipios y por solicitar numerosa documentación.
Asegura Patón que sigue habiendo casos de gente con trece, catorce y quince meses de retraso o personas que cobraron en Navidad después de 18 meses.
Los afectados han trasladado a la Generalitat que está situción se puede resolver aplicando el "silencio administrativo" por lo menos para cobrar el primer año; en caso de dar positivo seguiría cobrando y en caso de dar negativo, la ayuda se denegaría. "Ello eliminaría una cantidad enorme de atrasos", declara Patón.
La principal solución, aseguran, es que la Conselleria asuma la gestión de la renta a través de oficinas comarcales o en el último extremo por el LABORA. Afirma Patón que los ayuntamientos no tienen que intervenir en una renta económica. También cree que se debería reducir la numerosa documentación a presentar.
Patón afirma que la Generalitat debe dar un golpe encima de la mesa y que no se deje torear por ayuntamientos como el de Alicante.