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Jueves, 09 de Abril de 2020

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Acusan a Echedey Eugenio de suspender la subida de tarifas del agua sin informes y por su cuenta

María Dolores Corujo anuncia también medidas contra el abogado y los procuradores de INALSA por no facilitar información

La presidenta del Cabildo de Lanzarote y del Consorcio del Agua, María Dolores Corujo, mostrando la petición de desestimiento de la subida de tarifas firmada por Echedey Eugenio.

La presidenta del Cabildo de Lanzarote y del Consorcio del Agua, María Dolores Corujo, mostrando la petición de desestimiento de la subida de tarifas firmada por Echedey Eugenio. / Cadena SER

La presidenta del del Cabildo y del Consorcio del Agua de Lanzarote, María Dolores Corujo, ha afirmado que la Asamblea de esta entidad ha tenido conocimiento, en la sesión celebrada en la mañana de este lunes de un informe en el que se detalla que Echedey Eugenio, en su condición de presidente delegado del Consorcio, dejó sin efecto, de manera irregular, la subida de tarifas acordada por la Asamblea

El Consorcio acordó el 25 de abril de 2018 una subida de precio, correspondiente al año 2017, del 1,18%. Posteriormente, el 2 de julio de 2018, vuelve a acordar una revisión de precios cifrada en el 1,06% y determina tramitarlas en forma de subida conjunta para lo cual se dirige a la Comisión Territorial de Precios de Canarias solicitando que se autorice una subida de precios del 2,24% (resultado de acumular las dos anteriores).

Sin embargo, y sin procedimiento administrativo alguno, el 10 de abril de 2019 (en plena precampaña de las elecciones locales y autonómicas), Echedey Eugenio se dirige a la citada Comisión solicitando que se deje sin efecto la subida, ya que iba a ser aprobada definitivamente en el Pleno de la Comisión a celebrar el día siguiente, aduciendo «razones de oportunidad».

Para María Dolores Corujo, estos hechos son inadmisibles. «Esto es gravísimo. La decisión de modificar los precios del agua no es caprichosa. Responde a un procedimiento administrativo con dos objetivos: cumplir las obligaciones contractuales con Canal Gestión y, lo más importante, garantizar la estabilidad económica de la gestión del Ciclo Integral del Agua», ha señalado.

«Insisto, la actualización es resultado de un proceso administrativo y, como consecuencia de ese procedimiento, el Consorcio aprueba una subida de tarifas sujeta a la Ley, con los informes pertinentes y en el órgano competente para ello, y Echedey Eugenio se toma unas atribuciones que no le corresponden para dejar sin efecto una decisión adoptada por la Asamblea del Consorcio», ha explicado la presidenta.

Corujo ha destacado que las primeras estimaciones indican que esta decisión arbitraria de Echedey Eugenio puede haber costado al Consorcio por encima del medio millón de euros, hasta el momento, y ha asegurado que llegará hasta el final en la exigencia de responsabilidades.

«Pedro San Ginés debe aclarar si compartió con Echedey Eugenio esta decisión o si, por el contrario, el presidente delegado le ocultó esta maniobra solo explicable en clave electoralista», ha finalizado la presidenta.

Acciones contra abogado y procuradores

Por otro lado, la presidenta también se ha referido a la visita que le hizo abogado Ignacio Calatayud poco tiempo después de su toma de posesión como máxima responsable del Cabildo de Lanzarote. Corujo afirma que Calatayud le propuso la firma de un acuerdo con la UTE EDAM JANUBIO que suponía poner fin al procedimiento concursal y reintegrar a INALSA algo más de 1,6 millones de euros.

«Ante esta propuesta, y desconociendo los antecedentes del procedimiento, solicité que se me hiciera llegar la documentación necesaria para valorarla. Sorprendentemente, la documentación existente en el Consorcio era incompleta y nuestros sucesivos requerimientos a Calatayud y a los procuradores para que la complementen, han resultado infructuosos», ha señalado Corujo.

La presidenta ha manifestado su absoluto desconcierto ante una situación que considera inaceptable: «Esta sorprendente negativa, más allá de la irregularidad que representa y de la quiebra que ocasiona en la confianza que debe presidir las relaciones entre letrados y clientes, obliga a suponer la existencia de una deliberada estrategia de ocultación de información de vital importancia para la empresa pública».

El gerente ha dado cuenta a la Asamblea del Consorcio de esta situación irregular y ha propuesto apartar a los profesionales que han intervenido en estos procedimientos, tanto al abogado como a los procuradores, con la finalidad de designar nuevos profesionales que obtengan de los juzgados la documentación requerida.

La Asamblea del Consorcio ha aprobado esta propuesta que incluye, además, emprender las acciones que en derecho se consideren adecuadas en la defensa de los intereses de INALSA y el Consorcio.

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