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Lunes, 06 de Abril de 2020

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Renta Valenciana Inclusión

Afectados en la provincia de Alicante por la RVI piden un cambio en la gestión que agilice su tramitación

Han protestado ante el Ayuntamiento de Alicante al que acusan de "boicotear" el proceso y politizarlo

Afectados por la RVI protestan ante el Ayuntamiento de Alicante

Afectados por la RVI protestan ante el Ayuntamiento de Alicante / Elena Escudero

Medio centenar de afectados en toda la provincia por los retrasos en la tramitación para cobrar la Renta Valenciana de Inclusión se ha concentrado ante el Ayuntamiento de Alicante para exigir a las dos administraciones, municipales y autonómicas, que se coordinen en la gestión de una ayuda que afecta a los más vulnerables.

Fernando Patón, portavoz, declara que en algunos ayuntamientos como el de Alicante o el de Orihuela hay un cierto "boicot" a la renta. Solo en el centro social número 4 de Alicante han contabilizado casi un millar de expedientes atrasados, "más de 800 hace dos meses". Desde el Ayuntamiento de Alicante se insiste en que siguen esperando la subvención para contratar a los 67 funcionarios de AcciónSocial que cesaron a principios de año al acabarse su contrato.

Y creen que para "desatascar" la situación, ayudaría que se aplique el silencio administrativo a aquellos expedientes que ya estén incluidos en el sistema informático autonómico y que los usuarios puedan cobrar los 12 primeros meses, a pesar de que no se haya fijado si cumple o no los criterios, y hasta que se revise el expediente.

A Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, le piden cambiar el modelo de gestión y que pase a tramitarse desde oficinas comarcales o en el último extremo por el LABORA. Consideran que una renta contra la exclusión económica "no debería gestionarse desde los servicios sociales municipales".

Y a los ayuntamientos, Fernando Paton les afea que "conviertan en una cuestión política, una renta destinada a quienes sufren la falta de ingresos", cuando no son del mismo color político que la Generalitat.

Las cifras

Hay expedientes que acumulan hasta año y medio de retraso cuando la Ley establece un plazo máximo de seis meses. El Ayuntamiento afirma que desde que el Consell derivara en abril de 2018 a los consistorios la gestión administrativa de estos expedientes, se ha gestionado más de 4.700 solicitudes, de las que 3.477 se han remitido a la Conselleria para que apruebe las ayudas. Sin embargo, según la edil Julia Llopis 1.140 expedientes aguardan en los cajones de Valencia desde el pasado mes de agosto.

Desde Políticas Inclusivas reconocen que existen expedientes con retraso, aunque no concretan cuántos. Al Ayuntamiento le respondían que, basándose en sus propios datos, la propia concejalía admite que tienen más atasco que el que denuncian que tiene la Conselleria. "Si les han llegado 4.900 solicitudes y han resuelto 3.477, reconocen que tienen 1.423 expedientes sin resolver", explican.

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