La salud retrata a Castilla y León en el aumento de la exclusión social
El informe FOESSA de Cáritas refleja que las personas en exclusión social severa han pasado del 5 al 9% de la población y se ha triplicado la 'sociedad expulsada'
Burgos
La desprotección de la salud es el factor diferencial de la exclusión social en Castilla y León, según el VIII Informe Foessa de Cáritas sobre Exclusión y Desarrollo Social, que refleja un aumento del 65% en los casos más severos de riesgo de pobreza en la región desde 2013. La dimensión sanitaria es determinante y significativamente mayor que en el resto de España en el estancamiento de la exclusión social en Castilla y León, que está en torno al 15% de la población, 368.000 personas, de las que el 60% está afectado por alguno de los indicadores relacionados con problemas de la salud. Si la incidencia media de la exclusión social es del 15%, se eleva al 22% en el caso de personas dependientes y supera el 30% en el colectivo de la discapacidad.
El envejecimiento, el aumento exponencial de la población mayor y la falta de actualización de los mecanismos de protección social, conforman este factor de riesgo, según el coordinador del informe, Guillermo Fernández Maillo, que detalla también la vivienda y el empleo como los otros dos elementos de riesgo en la exclusión social. El Informe Foessa considera llamativo que en menos de 7 años la exclusión social severa haya subido del 5 al 9% de la población, unas 214.000 personas que no siente los efectos de la recuperación, de las que 100.000 pertenecen a lo que denomina 'sociedad expulsada', 3 veces más en 5 años, a las que no llega probablemente ningún tipo de instrumento de protección. Guillermo Fernández constata la invisibilidad social de la pobreza cronificada.
En los perfiles de la exclusión social destaca que el 45% tiene trabajo pero que no le llega para sobrevivir y 9 de cada 10 personas son de nacionalidad española, lo que desmiente la creencia de que la inmigración acapara las ayudas sociales. El Informe Foessa de Caritas constata la pérdida de calidad del sistema democrático, con escaso compromiso político real con la inclusión social. También señala que 8 de cada 10 castellanos y leoneses estarían dispuestos a pagar más impuestos para mejorar las prestaciones sociales. Por provincias, las más pobladas tienen más bolsas de exclusión pero también menos riesgo de caer en ella mientras las pequeñas están más expuestas. Este retrato de la sociedad detecta un momento de 'mutación social' en el que las desigualdades o la erosión de las instituciones públicas hipotecan el futuro.