Sábado, 06 de Marzo de 2021

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28.300 dependientes están a la espera de recibir la ayuda

Según desvela Comisiones Obreras el año pasado aumentó la lista un 44% respecto a 2018, se sumaron 8.600 personas. El consejero de Políticas Sociales dice que es por la escasa financiación del Estado

Jaime Cedrún y Ana González durante la presentación del informe sobre la Ley de Dependencia en Madrid.

Jaime Cedrún y Ana González durante la presentación del informe sobre la Ley de Dependencia en Madrid. / ELENA JIMÉNEZ / CADENA SER

La Consejería de Políticas Sociales informa a través de una página web (https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/lista-espera-servicios-prestaciones-atencion-dependencia) sobre la situación de las listas de espera para acceder a una residencia (6.217), a los centros de día (3.373) o al servicio de ayuda a domicilio (10.271), sin embargo, no existen datos sobre cuál es la lista de espera para acceder a una ayuda después de que se ha valorado el grado de dependencia.

Comisiones Obreras ha desvelado esa cifra, tras consultar datos del Imserso, y refleja que la lista de espera de personas con la dependencia reconocida y con derecho a algún tipo de ayuda se situó a finales de 2019 en 28.300 personas, un aumento del 44% respecto a 2018. En total, se sumaron 8.600 personas.

El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, reconoce esa lista de espera pero recuerda que desde el Estado no se está asumiendo la financiación al 50% junto a las comunidades autónomas como estaba recogido en la Ley de Dependencia. "En este momento lo que está financiado el Estado central es un 17% y eso tiene efectos indeseados sobre las personas que están en lista de espera. Pero también quiero decir que hay otras comunidades autónomas, por ejemplo, Cataluña que tiene 75.000 personas en lista de espera". Lo que sigue sin conocerse es cuánto tiempo, cuántos días, tienen que esperar esos 28.300 dependientes con la ayuda reconocida hasta recibirla.

Desde Comisiones Obreras reclaman que las personas a partir de los 80 años, o quienes tienen menos de 65 con un grado de discapacidad igual o superior al 65%, deberían tener reconocido algún grado de dependencia. Ahora, según sus datos, una de cada cuatro resoluciones se quedan sin cobertura porque se está haciendo una aplicación restrictiva de los baremos y entonces suceden casos como el que ha contado Ana González, la secretaria de Política Social y Diversidad de este sindicato. "A una persona con glaucoma, con un grado de discapacidad del 65% y 85 años le fue denegado el grado 1. Falleció".

Critican además que se está apostando por los recursos llamados de baja intensidad, teleasistencia, cheque servicio o ayuda a domicilio, frente a las residencias. "No hay una apuesta por reforzar la red pública de atención. La atención residencial tan solo representa el 13% de la atención en materia de dependencia cuando el grado 3, la gran dependencia afecta al 34% de las personas dependientes y es el tipo de atención más recomendada para los grandes dependientes", subraya, González.

En la Comunidad de Madrid el 3% de la población tiene reconocido el derecho a recibir apoyos en función del grado de dependencia (171.922) y están recibiendo esta ayuda 143.622 personas, sin embargo, Comisiones Obreras eleva al 7% de la población quienes debería ser susceptibles de recibir las ayudas.

Desde el sindicato creen que debería valorarse el que las residencias públicas de gestión indirecta pasen a ser totalmente gestionadas desde lo público. "Que cuando se trata de personas dependientes creemos que la forma de prestar los servicios tiene que ser servicios públicos y directos. No podemos someter a una persona dependiente al mercado porque sabemos que prima el beneficio económico y, por lo tanto, va a terminar con problemas", ha zanjado el secretario general de Comisiones Obreras Madrid, Jaime Cedrún, en referencia a los casos de las dos empresas (Aralia y DomusVi) para las que la Consejería de Políticas Sociales ha iniciado un procedimiento para quitarles la gestión de cuatro residencias de mayores.

Comisiones Obreras reclama más plantilla en dependencia, con un modelo más profesionalizado y con mejores condiciones laborales. De los contratos realizados en 2019 solo un 11% fueron estables y además es un trabajo muy feminizado, ya que el 90% de las empleadas son mujeres. En el sindicato lamentan también la falta de transparencia para saber cuántos inspectores hay en la Comunidad de Madrid. 

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