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Sábado, 30 de Mayo de 2020

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Opinión

Pagar las deudas

La Firma de Guillermo Granja

Dice el refrán que “el que paga descansa y el que cobra más”. Esto viene a cuento por la última polémica entre el gobierno central y los regionales, el pago del IVA de 2017 que les corresponde a las comunidades autónomas.

El Estado ha decidido, como solución, que les va a prestar los 2.500 millones de euros en que se cifra el pago, lo que supone, en estos momentos, que las regiones tendrán que incrementar el déficit y, en el futuro, que tengan que dedicar recursos propios a financiar esa deuda. Vamos, “pan para hoy y hambre para mañana”.

Varios gobiernos autonómicos se oponen totalmente y han anunciado acciones judiciales en contra de esta medida. Lo que me extraña es que no sean todos los que acudan a esta vía, independientemente del color político de cada uno, por dos razones muy importantes:

La primera, es que las normas las tenemos que cumplir todos, de manera especial las administraciones públicas, ya que son las que elaboran el marco jurídico. No tiene ningún sentido que quien hace la ley haga la trampa. La disculpa del gobierno central en este apartado es que fue el ejecutivo de Rajoy el que no hizo sus deberes. Perfecto, les compro el discurso, pero el ejecutivo de Sánchez lleva desde mediados de 2018 en acción y no ha resuelto el problema, con el pretexto de que la falta de presupuestos para 2019 ha impedido que esto se llevase a cabo.

Esta excusa no me la creo tanto, ¿cómo es posible que una deuda que tiene una administración con otra no se pueda ejecutar por pasividad de la primera? Si esto es así, la normativa está mal hecha y hay que cambiarla o si no los españoles podríamos hacer lo mismo con el Estado y no deberíamos pagar los impuestos ya que no hemos podido elaborar un presupuesto.

La segunda razón tiene que ver con la finalidad de los 142 millones de euros que le corresponden a Castilla y León del IVA de 2017. Las comunidades autónomas gestionan básicamente derechos fundamentales de las personas: la sanidad, la educación y los servicios sociales. Dependiendo de la comunidad, estos apartados representan entre el 70% y el 80% del presupuesto total, por lo que ese dinero iría destinado fundamentalmente a servicios sociales básicos. Me parece totalmente antisocial que el Estado racanee el dinero para las necesidades primordiales de los españoles.

No sé quién tiene la culpa de que esto haya podido suceder, pero si hay un responsable que la ley actúe sobre él y asuma las cargas penales que le corresponda. Lo que nunca puede suceder es que sirva de excusa para que mejoren los recursos de la sanidad, la educación y los servicios sociales.

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