Martes, 01 de Diciembre de 2020

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El anteproyecto de Ley del Cambio Climático obliga a ocho municipios de Málaga a crear su 'Madrid central'

Málaga, Marbella, Vélez-Málaga, Estepona, Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola y Mijas tendrían que declarar zonas de bajas emisiones "no más tarde del año 2023" si la norma sale aprobada

Panorámica de la ciudad de Málaga

Panorámica de la ciudad de Málaga / Getty Images

El anteproyecto de Ley sobre el Cambio Climático impulsado por el Gobierno obligaría a 8 municipios de la provincia de Málaga a crear "zonas de bajas emisiones" -como lo es Madrid central- "no más tarde del año 2023".

Un anteproyecto que ha de debatirse en el Congreso de los Diputados y que incluye esa "obligación" para todas las localidades de más de 50.000 habitantes; se aplicaría por tanto a Málaga capital, Marbella, Vélez-Málaga, Estepona, Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola y Mijas. Municipios que tendrían que declarar de aquí al año 2023 esas zonas de bajas emisiones, delimitarlas espacialmente y especificar qué medidas plantean con respecto al tráfico, el sector a la cabeza en la generación de gases de efecto invernadero, ya que por sí sólo provoca un 25 por ciento del total de esas emisiones contaminantes. Es, además, "uno de los principales emisores de óxidos de nitrógeno, con un efecto muy pernicioso para la salud", señala el ministerio de Transición Ecológica. Este departamento indica que las medidas que tendrá que aplicar cada municipio dependerá de la situación previa en la que se encuentre, como el volumen de tráfico, el clima y su orografía, que afecta a los niveles de contaminación.

El anteproyecto de Ley del Gobierno incluye que "cualquier medida que suponga una regresión de las zonas de bajas emisiones ya existentes deberá contar con el informe previo de las Administraciones estatales o autonómicas competentes en materia de protección del medioambiente". El texto incluye que dichos municipios y territorios insulares "impulsen medidas de movilidad eléctrica compartida".

En España sólo dos capitales cuentan con zonas de bajas emisiones delimitadas, Madrid y Barcelona, aunque sus niveles de contaminación distan mucho de las del resto del país, como pone de manifiesto el último Informe de Evaluación de la Calidad del Aire en España correspondiente al año 2018; de hecho, Bruselas ha llevado a España a los tribunales por el incumplimiento de los límites de contaminación atmosférica en estas dos capitales, en concreto por superar los máximos legales de dióxido de nitrógeno

En el caso de Málaga, el Plan de Calidad del Aire recogido por el ministerio se marca como objetivo reducir los niveles de partículas (PM10), si bien fue en 2017 cuando se registró la superación del valor límite diario a falta de conocer las mediciones de 2019.

En la capital malagueña, el Plan del Clima que elabora el Observatorio de Medio Ambiente Urbano sostiene que "la evolución de las emisiones, con la salvedad de algunos años de la recesión econñomica, es claramente alcista" y plantea medidas como la de multiplicar por cuatro -hasta llegar a las 350 hectáreas- la zona de la 'almendra' del centro histórico con limitaciones al tráfico, la que estaría llamada a convertirse en una zona de bajas emisiones; entre las medidas, se incluye aquí la semipeatonalización de calle Carreterías, tal y como explica la portavoz del equipo de gobierno, Susana Carillo, que aboga por impulsar medidas ambiciosas en esa zona, no sólo con la restricción al centro de los vehículos de residentes o que la carga y descarga se realice con vehículos eléctricos, si no también apostando por "ser cada vez más exigentes" con los vehículos que entren para que estos "sean sólo los que tengan la etiqueta de bajas emisiones o emisiones cero porque sean híbridos o eléctricos totales", limitaciones al tráfico a las que sin embargo el alcalde, Francisco de la Torre, ha evitado hacer alusión hasta el momento.

El ministerio de Transición Ecológica confía en que el anteproyecto de la Ley del Cambio Climático llegue el próximo mes de marzo al Congreso, que deberá pronunciarse sobre su admisión a trámite; posteriormente comenzará el debate parlamentario, en el que se decidirá el texto definitivo de la Ley.

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